Diputados realizan diligencia pública en caso de Gobernador de Tamaulipas

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados lleva a cabo una diligencia pública sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

14:00 Hrs. Unidad de Inteligencia Financiera expone argumentos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló detalles de la investigación que realizó en contra del Gobernador de Tamaulipas, por posibles actos de lavado de dinero.

Al declarar como testigo ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, explicó que del año 2006 a la fecha, las declaraciones del señalado en su trayectoria como como diputado, senador, presidente municipal, y gobernador, entre otros cargos, ascienden a 34 millones 506 mil 620.

Sin embargo, se detectó la compra de al menos ocho inmuebles que rebasan esas ganancias por mucho dinero.

Explicó que a petición de la Fiscalía General de la República se inició una averiguación en el año 2019, en la que se descubrió la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del Gobernador, que fue vendida por 42 millones de pesos, además de un rancho en Soto de la Marina, valuado en 63.4 millones de pesos, “escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar”.

También se detectó la propiedad de otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción valuado en 358 millones de pesos, que fue adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma, “relacionadas con Bernardo N, socio de Francisco N”.

Otra propiedad ligada a García Cabeza de Vaca se ubica también en Soto de la Marina, Veracruz, “propiedad de la empresa familiar valuada en 53.6 millones de pesos”, así como una casa en Reynosa y una propiedad en McAllen, Texas, “relacionadas con el señor Francisco R. primo de Francisco N.”.

Además, hay una serie de casas vinculadas en las declaraciones; una de 7 terrenos en Reynosa “en copropiedad de alguien llamada Mariana N.”, y otra en McAllen “relacionada con una empresa familiar”.

“Son todos inmuebles adquiridos no sólo de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad, y a partir de empresas donde el señor Francisco N resulta accionista”, puntualizó.

Sólo por poner un ejemplo, explicó que una de las propiedades fue adquirida por un monto de 14.3 millones de pesos a través, de una Sofome. 

Señaló que dichos recursos provinieron de dos transferencias; una el 17 de diciembre de 2016 por 8.3 millones de pesos y otro en la misma fecha por 6 millones.

“La UIF había presentado una denuncia contra estas empresas por ser mecanismos que genera el cartel Sinaloa para el lavado dinero, esto no quiere decir que el señor Francisco N tenga relación con el cartel de Sinaloa, sino que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado", puntualizó.

Frente a los integrantes de la Sección Instructora, representantes del Ministerio público, el gobernador García Cabeza de Vaca, así como su abogado Alonso Aguilar Zinser, Santiago Nieto Castillo detalló que dicha Sofome “recibió dinero de una empresa fachada que se les relaciona con un incidente de una avioneta estrellada en Venezuela cargada con cocaína”.

Ante el cuestionamiento del abogado sobre si existen pruebas que confirmen que los inmuebles adquiridos por terceros son propiedad del mandatario local, el funcionario aclaró que la indagatoria fue turnada a la FGR encargada de continuar con la indagatoria y determinar si hay o no delito.

“La UIF no aporta pruebas, yo no soy fiscal, sólo presento la investigación que realizamos ya que yo no soy parte ofendida y no tengo acceso a la carpeta de investigación”, puntualizó.

Al término de la sesión que se prolongó por dos horas, Pablo Gómez se comprometió a analizar el testimonio junto con el resto de los integrantes de la Sección Instructora.

11:40 Hrs. Abogado de Cabeza de Vaca exige que desahogo de pruebas se cancele

El abogado Alonso Aguilar Zinser solicitó a la Seccion Instructora de la Camara de Diputados cancelar la sesión de desahogo de pruebas en torno a la indagatoria contra el gobernador de Tamaulipas.

Al inicio del acto, el jurista sostuvo que ello viola la presunción de inocencia de su defendido.

"Solicitar que no se realice la presente audiencia, ya que de celebrarse se violarian en perjuicio de mi defenso los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia previstos en el articulo 20 apartado B fracción una de la Constitucion, asi como el octavo inciso dos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, asi como su derecho a la privacidad", pidió al presidente de la Seccion, Pablo Gomez.

Recordo que de desarrollarse la diligencia, se formularán cuestionamientos relacionados con la carpeta de investigación de la FGR, que originó la indagatoria por la que se pide la reemoción del fuero de Cabeza de Vaca, misma que se encuentra en etapa procesal.

"Etapa en la que todas las actuaciones son confidenciales y reservadas. En la etapa de la Investigación todas las actuaciones y registros serán reservados", sello

Aguilar Zinser aseguro que la FGR no les ha dado acceso a la carpeta.

"No nos ha permitido comparecer a la carpeta para ejercer nuestro derecho a una defensa adecuada, sin embargo no se esta oponiendo a hacer publico el contenido de la carpeta mediante esta diligencia, estas consideraciones son una falta de respeto", puntualizó.

Más tarde, dijo que "al menos", la comparecencia debería realizarse de manera privada y no pública.

Tras la petición, Gómez Álvarez sometió a votacion la solitud, misma que fue rechazada.

11:10 Hrs. Inicia diligencia pública

La Sección instructora de la Cámara de Diputados inició el proceso de desahogo de testimonios en torno al caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El primero en comparecerá será Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, quien dará cuenta sobre la indagatoria que abrió contra el mandatario local por presuntos actos de corrupción.

En la sesión están presentes los integrantes de la Sección Instructora, presidida por Pablo Gómez, además del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como su abogado.