Violencia política de género: casos a la baja… pero falta

Entre abril del 2020 y enero del 2024 se registró un total de 352 quejas por violencia política de género que involucra a 406 mujeres y a 712 probables infractores, con una aparente tendencia a la baja, pero con dos víctimas cada semana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que 81 por ciento de las denuncias por violencia política de género involucra personas físicas, incluidos ciudadanos, siendo el principal medio para ejercerla las redes sociales, y las diputadas son los principales objetivos.

La documentación hecha por la autoridad electoral señala que de las 406 víctimas, las diputadas federales ocupan el primer lugar, ya que 94 han presentado su denuncia en materia de violencia política de género ante el órgano electoral, lo que representa 23 por ciento, seguidas de las candidatas a ocupar una curul en San Lázaro, que son 43, con 11 por ciento, y en tercer lugar son 30 ciudadanas, equivalentes al siete por ciento.

De acuerdo con los registros del instituto electoral, en el periodo que va del 2020 al 2024, el 2021, cuando se celebraron los comicios federales intermedios, ha sido el año que registró el mayor número de víctimas de violencia política de género, con 182, y en ese entonces se detectaron 322 probables responsables de infringirla.

Para el 2022, cuando se renovaron seis gubernaturas —Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas— y, aunque no hubo elecciones federales, igualmente se documentaron casos de violencia política de género, con 128 víctimas y 218 denunciados.

El año pasado fue estratégico en términos electorales, porque además de que hubo elección en el Estado de México y Coahuila, siendo el primero fundamental en la estrategia político-electoral de las fuerzas políticas, previa a los comicios presidenciales, es el arranque formal del proceso electoral federal, por lo que en dicha etapa se registraron 71 víctimas y 144 posibles responsables de violencia política de género.

De este periodo, el año con los registros más bajos es el 2020, con 23 víctimas y 26 responsables, y lo que va en el primer mes de este año reporta únicamente dos víctimas y dos denunciados.

De los hallazgos documentados por el instituto, se refiere que, de los 712 probables infractores, 19 por ciento son personas morales, partidos políticos y medios digitales, que suman 138, mientras que la mayoría, 81 por ciento, son personas físicas, con 574.

“(Son) 429 hombres (los que) han sido denunciados o identificados como probables responsables, siendo el género con mayor índice de denuncias, ya que representan 75 por ciento de la totalidad de las personas físicas denunciadas, resaltando que 25 por ciento restante son mujeres (145), lo que evidencia que el hecho de ser del mismo género no es un obstáculo para ejercer violencia”, establece el informe de la Secretaría Ejecutiva en materia de violencia política de género.

El documento explica que no sólo destaca que las mujeres pueden ejercer violencia sobre las mujeres, sino que las políticas encuentran a sus principales violentadores entre los ciudadanos que, sobre todo, recurren a las redes sociales.

“El mayor motivo de denuncia es la publicación de material violento y denostativo en redes sociales y/o medios digitales”, indicó.

La consejera Dania Ravel, quien participó en la primera comisión de género en el INE, sostuvo que la lucha para que las mujeres ocupen un cargo público involucra distintos desafíos y violencias que se incrementan en las campañas y cuando ejercen los cargos.

Explicó que el principal problema se registra en el entorno municipal, lo que ha llevado a establecer una red de acompañamiento para las mujeres que ocupan cargos municipales, aunque las denuncias en materia de violencia política de género han demostrado que son las candidaturas a diputadas federales y las mismas legisladoras las que son blanco de violencia, por lo que también hay que respaldarlas.

Apuntó que en la revisión de cada una de las denuncias, en diversas ocasiones el INE se ha encontrado con que no le corresponde la resolución de los casos, sino que eran otras autoridades las que tenían competencia, por lo que ése es otro factor que se debe tomar en cuenta.

“También hay otras autoridades que son competentes para conocer de estos casos y deben poner un mayor empeño en solucionarlos, porque parece que únicamente se considera que el INE es quien los está atendiendo de manera efectiva”, remarcó.