Emite la CNDH recomendación a PF por tortura

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, recibió su primera recomendación (80/2018), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por un caso de tortura y violación a los derechos humanos de un ciudadano, atribuible a efectivos de la Policía Federal (PF) en Arcelia, Guerrero, en 2015.

En un comunicado, el órgano autónomo afirmó que los federales no aportaron evidencias para acreditar su versión de que el detenido les apuntó con una pistola e intentó huir, y por eso le aplicaron técnicas de desarme para someterlo.

Indicó que tras aplicar un examen médico especializado, “se determinó que las lesiones que la persona agraviada presentó en el rostro y varias partes del cuerpo fueron infligidas de forma innecesaria para su detención y sometimiento”.

Señaló que la queja presentada por la víctima detalla que mientras descansaba con su familia, en un hotel ubicado en Arcelia, Guerrero, agentes de la Policía Federal ingresaron a su habitación, lo golpearon y al intentar quitarle dos anillos le desprendieron el segundo dedo de la mano derecha, entre otras acciones.

“En el combate a la delincuencia, los elementos de la Policía Federal deben actuar con profesionalismo conforme a las normas que los regulan”

CNDH

Comunicado

Por ello, la CNDH señaló que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar a aquellas personas que cometan faltas o delitos, pero con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos.

Solicitó a Alfonso Durazo que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño a la persona afectada, se le brinde atención sicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. También que colabore en la denuncia y queja que se formulen ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.

Asimismo, capacitar a los efectivos en materia de derechos humanos y aplicar el Protocolo de Actuación de la PF, sobre el uso de la fuerza en sus operativos y aseguramientos, para que estén apegados a principios como la legalidad, la objetividad, el profesionalismo y la honradez.