Encamina PRIMor tómbola para elegir nuevos consejeros

El PRI y Morena en la Cámara de Diputados coincidieron en que la selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se prevé resolver por el método de insaculación (al azar) y no mediante un acuerdo político, mientras que el resto de la oposición ha descalificado el proceso.

En el caso de Morena, manifestó que prefiere “mil veces” que la designación de los nuevos consejeros del INE no sea resultado de un acuerdo político, sino del azar, a través de una tómbola.

Luego de que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas con los 20 perfiles de aspirantes finalistas, el coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que su “conclusión” es que “vamos a ir a dar a la tómbola, a la insaculación”, a pesar de señalar que será importante llegar a un consenso entre las diversas fuerzas políticas.

Matizó, sin embargo, al expresar que la insaculación sólo se dará en caso de que el pleno de la Cámara baja no alcance un acuerdo entre al menos dos terceras partes de sus integrantes.

Ante las críticas que desató la señalada afinidad de algunos aspirantes con la Cuarta Transformación, el diputado priista evitó descalificar los nombres de los aspirantes y, por el contrario, subrayó que entre los perfiles finalistas “hay personas muy destacadas y con gran expertis en materia electoral”, aunque no todas lo tienen, admitió.

“Yo no califico mal por el parentesco o la cercanía, porque la gente es responsable de lo que hace cada quien y porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas, incluso presidentes”, dijo en un videomensaje, respecto a los señalamientos que vinculan a cuatro de las aspirantes a la presidencia con Morena.

Por separado, el coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dejó ver que su partido no está dispuesto a buscar acuerdos, tal como se los indicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el 30 de enero de este año.

“Como ustedes son gente de convicción y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, yo les pido que cuiden el proceso… Muchos de aquí fueron por insaculación, así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales. Ustedes harán su trabajo, habrá un Comité Técnico y estoy seguro que habrá 20 perfiles de mexicanas y mexicanos íntegros, de primera, comprometidos con su país”, dijo entonces López Hernández.

Ayer, Mier Velazco aseguró que la “tradición conservadora” de repartirse consejeros entre los partidos políticos se había terminado. Y ante las acusaciones de que cuatro de las cinco aspirantes a presidir el Consejo General del INE están ligadas a la 4T, dijo que, “para la tranquilidad de la población, no vamos a repartirnos cuotas”.

Tras defender el trabajo hecho por el CTE, cuyas labores calificó como “meticulosas” y en las que no intervino nadie más, insistió en que la insaculación es el proceso que garantizaría más la imparcialidad de quienes se integren al INE.

“Por lo que hace a Morena, que tiene mayoría en la Cámara, preferimos mil veces que se insaculen, que los 20 que van a estar ahí en las urnas, de ahí salgan dos hombres y dos mujeres, y de las dos mujeres, una de ellas, por primera vez, será la presidenta del INE”, resaltó.

Al respecto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se dijo preocupado respecto a que el 80 por ciento de la quinteta para la presidencia del INE “está cargada al partido en el Gobierno”.

Dijo que las “descalificaciones” no se hacen “ni siquiera” por los nexos familiares o gubernamentales que tienen algunas aspirantes, sino porque “ahí no hay experiencia, no hay capacidad, no hay la seguridad de cumplir al pie de la letra lo que señala la Constitución y las leyes”.

Por la noche, la Comisión Permanente del PAN aprobó por unanimidad manifestar su rechazo al proceso llevado por el CTE, al haber incurrido en “desaseo y parcialidad”.

Además, consideró que existe falta de idoneidad de diversos perfiles, dado que carecen de conocimiento en materia electoral. Así, instruyó al CEN y a sus diputados a emprender las acciones jurídicas y políticas para procurar que el nombramiento de las y los nuevos consejeros “se apegue a los principios de imparcialidad, objetividad, legalidad y certeza”.

Por separado, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que la alianza opositora Va por México buscaría el consenso este martes, para que se garantice la autonomía e imparcialidad de los perfiles.

Presidente defiende a afines a 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la nominación de Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, como aspirante a la presidencia del INE, porque no hay impedimento legal ni moral para ello.

“Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento, más de la mitad de la población en México. Eso creo que es demostrable. Entonces, si hay una elección, pues esa mitad o más de la mitad pues tiene posibilidad de participar.

“Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos si no lo prohíbe la ley, es decir, si en los requisitos no está establecido. Porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir: dirigentes de partido no pueden estar en estos cargos”, refirió.

Cuestionado sobre la cercanía de Alcalde con Morena y un probable conflicto de intereses y que no tiene experiencia en materia electoral, respondió que mientras sea gente honesta, no importa.

“Sí es válido. Porque tienen derecho, como cualquier otro ciudadano. Usted puede tener un hijo conservador y usted es progresista, y ni modo que su hijo conservador no pueda participar. Lo importante es que sea gente honesta, limpia; además, se hace un examen y, por lo general, de manera sincera y con todo respeto, los conservadores son muy hipócritas y corruptos y son los que se resisten”, acusó.

Reconoció que Bertha Alcalde ha colaborado con su Gobierno como abogada en la Secretaría de Seguridad y en Cofepris, y aunque no lo mencionó, fue delegada de programas del Bienestar en Chihuahua.

“Es una muy buena abogada, joven, tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública y en Cofepris, que había muchísima corrupción, pero mucha corrupción, es donde se autoriza la comercialización o la venta de medicinas, es donde se autoriza que se importe medicinas o no, la calidad de las medicinas. Bueno, era de las instituciones más corruptas, y vaya que había corrupción. Entonces, ella fue allá como abogada”, subrayó.

AMLO advierte que hay un Plan C de la Electoral

Existe un Plan C en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la inconstitucionalidad de la Reforma Electoral conocida como el Plan B, para “que no estén pensando que ya terminó todo”, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a sus oponentes, aunque dijo que se trata de votos y preferencias electorales.

“Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación; ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C; ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país.

“Y hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al Gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, pero como se está llevando a cabo esta transformación respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México”, dijo López Obrador.

Además, el Presidente denunció que la decisión del ministro Javier Laynez Potisek, de suspender la aplicación total de la Reforma Electoral, pretende suplantar al Poder Legislativo.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió, y pues se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula.

“Puede haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así.

“Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político, y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral; lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste ‘el INE no se toca’”, acusó.

En oponión del Presidente, la SCJN participa en una campaña contra su Gobierno, incluso otorgando amparos a todos sus detractores.

“Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos”, aseveró López Obrador.

Agregó que incluso los ministros se encuentran fuera de la ley, pues han pasado casi cuatro años violentando el decreto que obliga a todos los servidores públicos a ganar menos que el Presidente.

López Obrador dijo que, si al final los ministros de la SCJN deciden declarar inconstitucional la legislación aprobada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, la ruta que seguirá su administración será el Plan C.

“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y, si al final rechazan la Reforma Electoral que estamos proponiendo (...) hay un Plan C”, advirtió el mandatario.

PAN anuncia denuncia en su contra por propuesta

El PAN en el Senado anunció que presentará una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el anuncio que hizo del Plan C, en el que públicamente llamó a votar en contra del “bloque conservador”.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, reprochó que, en su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal haya utilizado su poder mediático para llamar al sufragio en contra de la oposición.

“Esto es claramente un delito electoral contemplado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por ello, presentaré una denuncia ante el INE contra el Presidente de la República por violar el principio de imparcialidad y por el uso ilegal de recursos públicos, llamando a votar a favor de su movimiento”, manifestó.

La senadora panista dijo que el Presidente López Obrador busca por todos los medios controlar al INE, como se evidenció con las quintetas que entregó el Comité Técnico de Evaluación, que contienen un grupo de perfiles afines a Morena para ser consejeros electorales.

“La mayoría de los perfiles que se anunciaron para la integración de las quintetas que serán presentadas al Pleno de la Cámara de Diputados para que se elijan consejeros electorales, pues la mayoría están siendo relacionadas con López Obrador y con Morena.

“Es una muestra más de que el Presidente no sólo requiere de subordinación, sino lamentablemente también pareciera que en sus expectativas es que sus cercanos no tengan capacidad”, declaró.

Y es que López Rabadán criticó que no sólo son perfiles afines a Morena, sino que ni siquiera cumplieron con los requisitos, como el hecho de aprobar el examen.

“Sabemos que los elegidos por Morena son personas que están ligadas a ese partido político, son subordinados a ellos, muchos de los cuales incluso no saben de la materia electoral, y pues para ello tuvieron que robarse el examen, tuvieron que darles el examen.

“El pueblo de México no se merece un proceso de elección viciado de origen, donde no se están eligiendo a las personas más capaces. No se merece que haya familias intocables de Morena, que se estén haciendo ricas a costa del erario de manera inmoral”, puntualizó.

Freno al Plan B busca “preservar democracia”

El ministro Javier Laynez justificó su decisión de haber frenado la aplicación del Plan B y aseguró que la suspensión que concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) y que detuvo las nuevas reglas tiene como propósito “preservar el orden democrático”.

Sostuvo que el decreto reclamado genera una “modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del órgano electoral, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”.

En el incidente de suspensión de la controversia constitucional 261/2023, en el que expone su argumentación, Laynez señala que, de no concederse dicha suspensión, “el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos”.

“Por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, apuntó.

“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano”, afirmó Laynez Potisek al conceder la suspensión.

Agregó: “En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”.

Para el ministro Javier Laynez, no conceder la suspensión que frena la entrada en vigor de la segunda parte del Plan B de la reforma en materia político-electoral puede provocar un “caos operativo” en el Instituto Nacional Electoral.

En su acuerdo de suspensión publicado este lunes en los estrados judiciales, el ministro reconoció que la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución prohíbe conceder la suspensión en controversias constitucionales cuando se combaten normas generales, pero que en el caso concreto, esta prohibición no aplica de manera estricta.

Asimismo, el ministro destacó que el Plan B podría afectar los derechos electorales de los ciudadanos, su derecho a la privacidad y protección de datos personales, en relación con el manejo del padrón electoral, y los derechos laborales de personal del INE, tanto por despidos como por bajas salariales.

Laynez Potisek determinó que la suspensión es necesaria porque, incluso si el pleno de la Suprema Corte invalida la reforma dentro de unos meses, esta sentencia no tendría efectos retroactivos y no podría eliminar actos que ya se hubieran ejecutado.

Cabe señalar que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, resaltó el domingo que la batalla jurídica que emprendieron en contra del Plan B ha dado importantes resoluciones para que México siga contando con elecciones libres y auténticas.