Existieron violaciones graves en caso ABC: Corte

Notimex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enumeró las garantías individuales que se violaron de forma grave, relacionadas con el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.

Por una votación mayoritaria, los ministros determinaron que fueron violados los derechos del niño y el principio de interés superior de la niñez, de protección a la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.

Al tratar el último apartado del caso sobre la tragedia, sólo un punto fue votado en contra, el que se relacionaba con la violación a la igualdad de trato entre mujeres y hombres, que por una mayoría de siete votos contra cuatro, se determinó que ese derecho no se vulneró.

Luego de que el pleno señaló a siete servidores públicos como involucrados en la violación grave de estas garantías, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aseveró que la declaración de la SCJN “no culpa ni exonera a nadie” y que lo único que hace es determinar si existieron violaciones graves a las garantías.

En un mensaje final dijo que el fallo al que llegaron los ministros después de tres días ininterrumpidos de sesiones, “tiene los límites estructurales que la Constitución establece”.

Al respecto dijo que sus limitaciones están en ese mismo instrumento, al referirse a la facultad de investigación contenida en el párrafo segundo del Artículo 97 de la Carta Magna.

Abundó que el asunto tiene mucha relevancia para la nación, pues sirvió no sólo para resolver los términos del caso sino para reflexionar sobre los alcances de esta facultad y sus nuevos paradigmas acorde con las circunstancias que vive la sociedad, los cuales no se abordaron por la mínima diferencia de un voto.

“Hemos hecho lo que la Constitución nos permite a criterio de la mayoría”, recordó el magistrado quien añadió que la facultad de investigación proviene del Carta Magna de 1917, y que hasta la fecha hay una ausencia de la ley reglamentaria, lo que dificulta el proceso.

Pese a ello, indicó, la Corte adopta una visión conjunta que busca darle mayor utilidad jurídica.

Ortiz Mayagoitia subrayó que las responsabilidades políticas, penales y administrativas están a cargo de autoridades que tienen el mandato constitucional de fincarlas y puntualizó que tales responsabilidades están legisladas y reguladas.

El pleno del alto tribunal avaló hacer diversas recomendaciones a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo, a fin de mejorar las condiciones en la prestación de los servicios de guarderías y se evite que ocurra una situación similar en el futuro.

vms