Iglesia critica política que “criminaliza”

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ve con preocupación que, a un año de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Estado mexicano continúa con una política migratoria basada en la contención, detención, deportación y militarización.

En un posicionamiento, señaló que los 40 migrantes calcinados y los varios heridos en la estación migratoria, representan a tantos otros que siguen siendo víctimas de las políticas migratorias injustas, de tantos migrantes desaparecidos, asesinados, encarcelados, condenados a la discriminación, al racismo y a la xenofobia por el único hecho de ser indocumentados.

“No hay cambios significativos en la gestión migratoria de parte de las autoridades correspondientes, y las personas migrantes y refugiadas continúan resintiendo las consecuencias de una estrategia deficiente en donde se criminaliza la migración irregular”, indicó en la misiva.

La Iglesia católica sostuvo que organizaciones de la sociedad civil, casas del migrante, academia y organismos internacionales, han propuesto alternativas para cambiar las dinámicas de la atención a las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en México y así evitar tragedias como la que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, al momento, dijo, no existe voluntad política para llevar a cabo estas propuestas.

“Es urgente replantear las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, ya que son estas las que han creado las condiciones para que se criminalice la migración irregular. No queremos más masacres, accidentes o tragedias para las personas migrantes o refugiadas”, destacó.

Mientras que la Coalición Pro Defensa del Migrante lamentó que el tema migratorio se continúe utilizando como moneda de cambio, especialmente en tiempos electorales, por lo que se pidió dejar de hacerlo y atender las causas que los obligan a salir de sus territorios.

En un posicionamiento aseguró que las medidas de contención y persecución que hay en México violentan los derechos humanos de las personas que se encuentran en movilidad, especialmente el derecho a la libertad de tránsito y al asilo humanitario.