Cinco juristas evalúan no constitucional la consulta para juicio a expresidentes

Abogados constitucionalistas y penalistas ven sumamente difícil que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare constitucional la petición de consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes.

Para Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la consulta nació muerta”, debido a que en la fracción primera del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular se establece: “No podrán ser sujetos de consulta popular la restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución”.

Por su parte, Octavio Pérez Paz y Puente, maestro en Derecho Procesal Penal e integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sentenció que desde el punto de vista jurídico “es absolutamente inconstitucional”.

Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal, explicó que constitucionalmente está permitido el tipo de consultas, pero jurídicamente es inaceptable que se pretenda usar la Constitución para fines electorales, porque puede traer como consecuencia promoción para un partido político.

El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que son derechos del ciudadano, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición, en su caso, de la población, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los términos que determine la ley.

Los juristas coincidieron en que el desenlace de todo el proceso de enjuiciamiento contra los expresidentes, es que no se va a juzgar a nadie, ni se va a sancionar a ninguno, pues es un asunto mediático en un proceso electoral, lo que también confunde a la gente.

Ante ello, Daniel Vergara, penalista del Colegio Nacional de Abogados, dijo que la consulta es legal, pero lo único por lo cual se le puede juzgar a un expresidente es por delincuencia organizada.

“Las consultas sí pueden llevarse a cabo, pero deben contar con ciertos requisitos. Existe una figura que es la prescripción y si los delitos ya lo hicieron a pesar de la consulta, se contradice a la misma norma, pues no se puede restringir un tratado internacional, como lo es la prescripción”, dijo a La Razón.

El ejemplo que consideran fundamental los abogados es el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, donde por más esfuerzos que se están realizando, no se le ha podido enjuiciar o ingresar a la cárcel y en torno a un exmandatario, afirmaron, es aún más difícil.

En tanto, Diana González Obregón, abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que no son necesarias las consultas, ya que jurídicamente bajo el Estado de Derecho, se tiene la posibilidad de juzgar a imputados y las consultas se deben priorizar para temas de verdadero interés en el país, como la emergencia sanitaria y la educación.

“No me importa que los enjuicien, hay cosas más importantes; no necesitamos consultas para enjuiciar a las personas, eso lo dictamina la ley. La prioridad en México son los temas de salud”, declaró.

Asimismo, dijo que los únicos delitos donde se les puede enjuiciar son enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, que no prescriben.

La también autora del Manual Práctico del Juicio dijo que para enjuiciar a expresidentes no se necesita de encuestas, sino priorizar la investigación a través de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Extinción de Dominio y el Sistema Penal Acusatorio, porque las audiencias son públicas y el enfoque es reparar y recuperar el dinero.