Propone Morena que INEGI acceda a las cuentas del SAT e información bursátil de las personas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país y acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y toda la información financiera y bursátil de las personas propuso el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”, señaló en un comunicado, el líder de esa fuerza política.

Consideró que el INEGI “cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano porque tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”.

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Por ello, Morena propondrá cinco cambios constitucionales para sentar las bases de discusión “de una agenda completa de transformaciones estructurales en el país”.

Ramírez Cuéllar consideró que el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación “deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales a los organismos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las instituciones de educación superior en este gran diálogo y Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional”.

Esto, bajo la premisa “del Bienestar Social y la lucha contra la desigualdad social”, Morena impulsará que el INEGI ahora tenga la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país pues advierte que “hay miles de millones de dólares inobservados”.

Ramírez Cuéllar dijo que el diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse, porque la “magnitud de la emergencia económica y sanitaria, así lo demanda.

“El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar.

Además, planteó que la Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “La concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana.

El sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.

Propone también que la Cofece debe estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados, pero “además se le tienen que dar mayores facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma que funciona cada mercado y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso de los bienes y servicios con precios justos”.