SFP va contra espionaje ilegal; indaga Pegasus

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga los contratos suscritos por autoridades federales para espiar a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, a través del programa Pegasus.

Al respecto, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, recordó que aún se encuentran abiertas algunas indagatorias que se hicieron en la gestión pasada.

“Estamos completamente volcados a hacer las investigaciones que a nosotros nos corresponden en el marco de nuestras facultades; vamos a analizar cómo estuvieron esos contratos, quién los firmó, de qué se tratan, y al mismo tiempo dejar que la justicia actúe”.

Al participar en un evento por el Día Internacional de la Mujer, Sandoval Ballesteros detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) da seguimiento penal a esta averiguación junto a órgano interno de control de la SFP, lo que permitirá unir los pedazos que fueron rotos para volver a contar con credibilidad gubernamental.

La investigación se llevará a cabo luego de que integrantes del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto, integrado por la SFP y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, anunciaran la elaboración de una hoja de ruta diseñada para atender la vigilancia ilegal en el país.

Este proceso busca evitar la repetición de actos de espionaje, a través de instancias del Gobierno federal; asimismo se atienden las exigencias sociales para que en el país se pueden generar condiciones de legalidad, transparencia y rendición de cuentas con el uso de tecnologías para la vigilancia gubernamental.

“Vamos a analizar cómo estuvieron esos contratos, quién los firmó, de qué se tratan, y dejar que la justicia actúe”

Irma Eréndira Sandoval

Secretaria de la Función Pública

El Inai, desde la denuncia que hicieran las organizaciones civiles, reiteró su compromiso con la protección de datos personales, respecto al uso del malware.

Cabe destacar que Pegasus fue diseñado en 2015 para infiltrarse en los celulares de personas consideradas de interés, como el caso de la abogada y directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michelle Salas, y del coordinador jurídico de dicho organismo, David Peña.