Auditoría revela necesidad de aclarar 12 mil mdp gastados en 2020

En la segunda entrega de acciones de fiscalización a la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 12 mil 655 millones de pesos por aclarar, además, emitió 340 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en instituciones y organismos como la Secretaría del Bienestar (Sebien), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Migración (INM), entre otros.

De acuerdo con el informe, la Sebien otorgó apoyos de programas para personas con discapacidad permanente e hijos de madres trabajadoras a personas fallecidas, sin documentos de identificación o duplicó montos, por lo que la dependencia debe aclarar el destino de 103 millones 866 mil 080 pesos.

En principio, la institución encabezada por Javier May debe aclarar un monto de 96 millones 797 mil pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; mientras que la cifra asciende a siete millones 068 mil pesos en el programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

A través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se entregaron dos millones 246 mil pesos a 324 beneficiarios que fallecieron entre febrero y diciembre de 2019, de acuerdo con el informe de la ASF.

“Se determina que el control interno para el cumplimiento del objeto del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente es adecuado sólo en su diseño; sin embargo, su aplicación no es apropiada para contribuir al logro de su objetivo”, apuntó en el documento.

Además, se otorgaron dos millones 572 mil pesos en apoyos a 662 beneficiarios después de la fecha de su defunción, ocurrida entre enero y agosto del año pasado.

Por segundo año consecutivo, la ASF señaló la falta de un sistema informático para la operación, control, seguimiento y supervisión del programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras de la Sebien.

El documento expuso que 19 beneficiarios del programa recibieron 66 mil pesos tras su fallecimiento. Además, se entregaron 470 mil pesos en apoyos a 278 menores que rebasaron la edad límite establecida en las reglas de operación.

INCUMPLE LEYES

Por su parte, el Conacyt autorizó recursos de fideicomisos por 186 millones 491 mil pesos en editoriales para el derecho de acceso a artículos y servicios de consultoría especializada para proyectos, posterior al decreto de extinción el 6 de noviembre del año pasado.

Por esta acción, la ASF emitió dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control en el Conacyt realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron el compromiso de recursos”.

Es decir, que el monto involucrado del fideicomiso no está pendiente de aclaración, sin embargo, el Consejo incumplió con diversas leyes por las que se decretó su extinción.

De acuerdo con la documentación entregada, Conacyt involucró recursos por 163 millones 854 mil pesos entre el 7 al 18 de diciembre de 2020 con cargo fideicomiso del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

De dicho monto, 140 millones 117 mil pesos corresponden a 10 asignaciones directas de recursos a 10 editoriales para el derecho de acceso a los artículos, títulos y las publicaciones electrónicas durante 2020.

Mientras que 23 millones 736 mil se destinaron a 27 contratos formalizados para la adquisición de recursos de información científica y tecnológica, en formatos digitales, relacionados con el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica.

Conacyt comprometió 22 millones 637 mil pesos adicionales de dicho fondo. En este caso, 12 millones 649 mil pesos corresponden a cinco convenios de asignación de recursos de la “Convocatoria Ciencia de Frontera 2019”, mientras que nueve millones 987 mil fueron para la ampliación de un contrato de prestación de servicios de consultoría especializada para revisión y seguimiento técnico de los proyectos.

TARJETAS IRREGULARES

 Finalmente, el INM tiene un monto pendiente de aclarar por 143 millones 251 mil pesos por irregularidades en contratos otorgados para la expedición de tarjetas de condición migratoria, así como la compra de equipos de cómputo y software, de acuerdo con la segunda entrega de auditorías.

El Instituto entregó un contrato para la impresión y expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria por el que se gastó 25 millones 893 mil pesos en 2020 y 55 millones 306 mil pesos en 2021, en el cual el ente fiscalizador detectó irregularidades en el proceso de adjudicación, así como una diferencia de 72 millones de pesos entre el costo del servicio y lo pagado a la empresa.

El servicio consistió en el suministro de impresoras, laminadoras y tarjetas para la expedición de identificaciones de condición migratoria, así como la instalación de un motor de búsqueda de datos biométricos y de una plataforma de servicios de seguridad.

Los pagos realizados a la empresa Nemecisco S.A. de C.V. por este servicio no se encuentran registrados en la partida presupuestal “Servicios integrales de infraestructura de cómputo”, ni en otra diferente.