Va FGR tras Rosario Robles; presume ejercicio indebido de servicio público

La Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso a la extitular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”.

Robles Berlanga será citada a comparecer el próximo 8 de agosto ante la Agencia Vigésima Investigadora con sede en el Reclusorio Sur, de acuerdo con el documento con el que se confirmó la acción en contra de la exfuncionaria, mismo que fue promovido desde el pasado 25 de julio y dirigido al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.

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“Por medio de la presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso, en contra de María del Rosario Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido al servicio público (artículo 214, Fracción III del Código Penal Federal)”, destaca la petición de audiencia.

Dicho artículo establece que el delito se castiga cuando el titular afecta el patrimonio nacional al abusar de su conocimiento por su función; sin embargo, el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa.

De igual manera, a través del documento se solicita que se le asigne un defensor púbico federal a la exsecretaria a fin de que pueda ser representada en la audiencia inicial y detalla que “tiene calidad de víctima indirecta en la presente investigación”.

El la carpeta también se establece que la funcionaria aludida puede ser notificada a través de la Dirección General Jurídica a cargo del Maestro Heladio Elías.

Durante la gestión pasada, que concluyó el 1 de diciembre de 2018, la exfuncionaria federal se desempeñó en dos cargos; en un primer momento fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y, posteriormente, a partir de 2015, encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En 2017, al frente de la Sedatu y durante una revisión que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas por liquidar, se detectó un posible daño a la hacienda pública por dos mil 039 millones 512 mil 453 pesos.

En ese momento y de acuerdo con el documento de la ASF, la dependencia a su cargo realizó un pago por mil 173 millones de pesos del que no se logró tener mayor información, pues no hubo dependencia que analizara, revisara e identificara el pago.

Asimismo, se realizó otro desembolso por 596 millones de pesos a diversos proveedores de los que no se logró acreditar su procedencia. También, identificó un ejercicio de 178 millones de pesos para liquidar indemnizaciones por expropiación de predios.

Rosario Robles estuvo en el ojo del huracán en 2018 luego de que se filtrara información acerca de un supuesto convenio que realizó con universidades en 2016, cuando se firmaron acuerdos por 185 millones de pesos para diversos servicios, pero éstos no se llevaron a cabo ni se generó documentación al respecto que comprobara la inversión.

Apenas en noviembre pasado, la Auditoría reprobó parte de la gestión de Rosario Robles, quien hasta ese momento era titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, luego de que en el tercer informe realizado en 2018, la dependencia a su cargo no pudiera sustentar la entrega de apoyos económicos a más de siete millones, 466 mil 800 personas, que eran beneficiarios de programas destinados a combatir la pobreza extrema.

El Dato: Al inicio de la actual administración el Gobierno federal y el titular de la Sedatu, Román Meyer, descartaron una persecución en contra de la extitular de la dependencia.

En ese momento, el órgano auditor recomendó a la dependencia corregir, modificar o suspender totalmente la estrategia a fin de no afectar el programa ni a sus beneficiarios.

En tanto, sobre el sismo de 2017, se detectó que la Sedatu pagó 7.5 millones de pesos a beneficiarios inexistentes en el estado de Puebla, lo que en su momento resultó un escándalo para la funcionaria.

En el informe de 2018 se verificó que el padrón de 225 personas integradas para el apoyo en ningún momento coincidió con los nombres o apellidos de los inscritos en los programas sociales; pero a pesar de ello, el dinero fue entregado.

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