Va PJ por megarreforma: plantea 7 ajustes constitucionales

Va PJ por megarreforma: plantea 7 ajustes constitucionales
Por:
  • sergio_ramirez

En las reformas que propone a siete artículos constitucionales, la expedición de dos nuevas leyes federales y cambios a cinco ordenamientos legales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsa la rotación de juzgadores por razones de seguridad o humanitarias; así como establecer un esquema sancionatorio por nepotismo, corrupción, acoso y abuso sexual.

En el proyecto de “Reformas con y para el Poder Judicial de la Federación”, que presentó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, propone modificar los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución, así como crear las leyes Orgánica y de Carrera Judicial del PJF.

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En la primera norma establece que el máximo tribunal tendrá la atribución de revisar de oficio la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo federal durante la restricción o suspensión de derechos; resolver la constitucionalidad de las consultas populares, o el recurso de revisión especial en el ámbito de seguridad nacional.

Para consolidar el papel de la SCJN, promueve que el pleno sólo conozca del recurso de revisión de amparo directo cuando, a su juicio, un asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, y dejara de abordar los conflictos de competencia jurisdiccional entre autoridades.

Como parte de los mecanismos para combatir la corrupción, establece la creación del Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados; la obligación de jueces, magistrados y ministros de presentar su declaración patrimonial, y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir faltas administrativas o hechos de corrupción, como la instauración de las Contralorías del Poder Judicial.

Otro eje de la reforma integral del sistema de justicia penal, que promueve modificaciones a las leyes de Amparo, la Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, la Federal de Defensoría Pública y la de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles, impulsa un órgano especializado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denominado “Instituto Federal de Defensoría Pública” que preste dicho servicio.

Además, se propone cambiar de denominación del Instituto de la Judicatura Federal por la Escuela Federal de Formación Judicial, establecer la paridad de género como principio de la carrera judicial y legitimar a los órganos constitucionales autónomos de los estados para que puedan promover controversias constitucionales, por violaciones directas a la Carta Magna.

Los cambios constitucionales prevén que los Tribunales Colegiados de Apelación sustituyan los Unitarios de Circuito, y los Plenos Regionales a los de Circuito, También propone reglas para impedir favoritismos por parte de magistrados de circuito y jueces en la designación de sus suplentes en caso de ausencia.

En la presentación del paquete de reformas en el Senado, el ministro Zaldívar admitió que se trata de una reforma integral al PJF y no estructural, ya que “emprender ahora una reforma estructural a la SCJN o al CJF pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría en una coyuntura en que se requiere una Judicatura fuerte y legitimada”.

El dato: El paquete fue entregado por el Ejecutivo debido a que, por ley, el Poder Judicial no está facultado para presentar iniciativas de ley.

Señaló que estos cambios pretenden atacar los problemas de raíz como la corrupción, el nepotismo y la impunidad; “toca el meollo del Poder Judicial” y no están orientados a buscar reflectores, sino a los resultados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal ,subrayó que se requiere  de una reforma que respete los derechos humanos de los ciudadanos para que éstos no sean un vacío, sino una realidad.

Por la mañana, Zaldívar estuvo con el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, quien firmó el paquete de reformas, la cual fue promovida como iniciativa preferente.