A raíz del rompimiento de relaciones diplomáticas con México, Perú descartó ingresar a la embajada para detener a la exprimera Betssy Chávez Chino, quien se encuentra asilada en la sede de la misión mexicana.
En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que “esa posibilidad no existe” y aclaró que se mantienen las relaciones consulares con México.
Sin embargo, la policía del país andino mantiene bajo resguardo la embajada ubicada en Lima. La televisión peruana mostró a múltiples elementos apostados en inmediaciones de la sede diplomática, ubicada en la Avenida Jorge Basadre Grohmann, distrito de San Isidro.
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Al interior, se presume, permanece asilada la expremier, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y declaró un “gobierno de excepción”.
Al mismo tiempo, el presidente José Jerí informó la expulsión de la embajada de México en Perú, Karla Ornelas Loera, quien, advirtió, “tiene un plazo perentorio” para abandonar el país.
En la red social X, el mandatario señaló que fue el canciller peruano Hugo de Zela quien informó la decisión a la diplomática mexicana.
Previamente, la Presidencia de Perú afirmó que la ruptura de relaciones diplomáticas con México se debe a “las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos" de esa nación.
Desde diciembre de 2022, la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo se encuentran asilados en México, lo que motivó la expulsión del entonces embajador en Perú, Pablo Monroy Conesa.
Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su solidaridad con el expresidente peruano y exigido su liberación al considerar que se encuentra “injustamente encarcelado”.
De acuerdo con la prensa peruana, desde hace unos días se desconocía el paradero de Betssy Chávez, quien no se presentó a las últimas audiencias del proceso que sigue por su participación en el intento de golpe de Estado, por el que la Fiscalía General del Perú solicitó una pena de 26 años de prisión.
En tanto, la expremier tiene prohibido salir de Lima y del país sin autorización judicial, luego de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva en su contra y ordenó su excarcelación del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde permaneció ocho días.
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cehr
