La jueza federal Noël Wise, del Distrito Norte de California, determinó que el gobierno de Donald Trump no puede cancelar visas ni iniciar procesos de deportación contra extranjeros legalmente presentes en el país únicamente por expresar opiniones políticas protegidas.
La resolución responde a una demanda presentada en agosto de 2025 por The Stanford Daily, periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, y personas extranjeras vinculadas con la publicación.
Los demandantes señalaron que algunos colaboradores con visa estudiantil dejaron de cubrir protestas propalestinas y asuntos relacionados con Medio Oriente por temor a sufrir represalias migratorias.
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El fallo cuestiona dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad utilizadas por el secretario de Estado, Marco Rubio. Una permite considerar deportable a una persona cuando se determine que su presencia o actividades comprometen un interés relevante de política exterior; la otra otorga facultades para revocar visas.
Wise concluyó que esas disposiciones son inconstitucionales cuando se utilizan para sancionar discursos protegidos, pues permiten al gobierno seleccionar determinadas expresiones por su contenido o postura política. Consideró que esa aplicación viola la Primera Enmienda, relativa a la libertad de expresión, y la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso.
El antecedente directo se encuentra en las acciones emprendidas desde marzo de 2025 contra estudiantes y académicos que participaron en protestas propalestinas o criticaron las acciones de Israel en Gaza. Entre los casos mencionados se encuentran los de Mahmoud Khalil, Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi.
La jueza sostuvo que los extranjeros que permanecen legalmente en Estados Unidos no tienen derechos de libertad de expresión inferiores a los ciudadanos. La decisión beneficia directamente a los demandantes, aunque también podría influir en otros litigios relacionados con la política migratoria del gobierno de Trump.
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