El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) aseguró que no tenía conocimiento de los hechos por los que fue detenido en Colombia el juez federal Luis Benítez Alcántara, acusado por autoridades de Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un integrante de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, conocido como el “Chapo canadiense”.
Sin embargo, confirmó que el juzgador ya enfrentaba cuatro investigaciones administrativas en México por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional.
En una ficha informativa difundida este jueves, el órgano disciplinario precisó que las cuatro indagatorias están a cargo del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) y derivan de distintas quejas presentadas contra el juez.
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El Tribunal aclaró que esas investigaciones son independientes de los hechos que motivaron su detención en Bogotá, el pasado 1 de noviembre, y reiteró que no tenía conocimiento de las acusaciones relacionadas con el presunto soborno.
“Estas cuatro investigaciones son independientes y de naturaleza distinta a los hechos difundidos por los medios de comunicación que motivaron la detención del juzgador en Colombia, y de los cuales el Tribunal de Disciplina no tenía conocimiento”, señaló.
No obstante, tras la difusión de los señalamientos, el TDJ anunció que inició una investigación de oficio para indagar los hechos atribuidos al impartidor de justicia.
El organismo recordó que su Pleno tiene facultades para ordenar al OIRA el inicio de investigaciones de oficio cuando existan hechos que pudieran constituir faltas administrativas cometidas por personas juzgadoras.
¿Por qué detuvieron al juez Luis Benítez Alcántara en Colombia?
Benítez Alcántara, de 49 años, se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y fue detenido en Bogotá, Colombia, el 1 de noviembre, a petición de autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y las investigaciones del FBI, el juez enfrenta nueve cargos federales por presuntamente utilizar su posición para beneficiar a Andrew Clark, identificado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding.
La acusación sostiene que Benítez Alcántara habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder una fianza y ordenar la liberación de Clark, señalado como integrante de esa estructura criminal.
Actualmente, el juez permanece bajo custodia en Colombia, mientras Estados Unidos formaliza el procedimiento para solicitar su extradición y llevarlo ante la justicia en el Distrito Sur de California.
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