Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de Andrew Clark, identificado como el segundo al mando de una organización internacional de narcotráfico que encabezaba el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.
El Departamento de Justicia estadounidense informó este jueves que Benítez Alcántara, de 49 años, fue capturado el domingo 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales por presuntamente ayudar a un integrante de esa estructura criminal a evadir su detención, juicio o castigo. Washington solicitará su extradición desde territorio colombiano para procesarlo ante sus tribunales.
De acuerdo con la acusación presentada el 4 de septiembre, el funcionario ejercía como juez de distrito en la Ciudad de México y tenía bajo su responsabilidad el procedimiento de extradición de Clark, de 36 años, a quien las autoridades mexicanas arrestaron en octubre de 2024 por delitos relacionados con tráfico de drogas, homicidio y tentativa de asesinato.
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En noviembre de ese año, el gobierno estadounidense solicitó formalmente la entrega del ciudadano canadiense. Durante los cuatro meses posteriores, el narcotraficante transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y operaciones de cantidades menores con el propósito de recuperar su libertad. Según las investigaciones, también negoció el pago de dos millones al juzgador para conseguir una resolución favorable.
Meses después, el 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara, tras recibir presuntamente la totalidad del soborno, concedió la libertad bajo fianza al acusado y ordenó su salida de prisión. Sin embargo, las autoridades volvieron a capturar a Clark pocos días después y lo trasladaron a Estados Unidos, donde todavía enfrenta un proceso penal.
El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, señaló que el mexicano aprovechó sus facultades judiciales para favorecer a integrantes de una red criminal que operaba entre Colombia, México y Estados Unidos, además de constituir uno de los principales canales de suministro de cocaína hacia Canadá.
“Benítez Alcántara era juez de distrito en la Ciudad de México y presuntamente aceptó dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la liberación del segundo al mando de Wedding”, declaró Patel, quien atribuyó al exdeportista la dirección de una organización transnacional con operaciones multimillonarias.
Wedding, de 44 años, figuró entre los diez fugitivos más buscados por el FBI hasta su captura en México, en enero de 2026. Posteriormente, las autoridades estadounidenses lo trasladaron a su territorio, donde permanece bajo custodia federal por acusaciones de narcotráfico, homicidio y tentativa de asesinato. Sus dos juicios tienen fechas previstas para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, advirtió que su gobierno también perseguirá a los funcionarios extranjeros que faciliten las operaciones de organizaciones criminales. “Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde se encuentren, que ayuden a narcotraficantes que operan en nuestro país enfrentarán la justicia en Estados Unidos”, declaró.
Benítez Alcántara podría recibir una condena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos, en caso de que un tribunal determine su culpabilidad. La imputación corresponde a su presunta participación como encubridor después de la comisión de los delitos, no a una acusación independiente por cohecho.
La investigación contó con la participación del FBI, la Policía de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá y autoridades colombianas, entre ellas la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y su representación judicial en Bogotá coordinaron las gestiones que permitieron la captura.
Joshua J. Lee y Lyndsi Allsop, fiscales federales del Distrito Central de California, tienen a su cargo el procedimiento penal. La acusación todavía requiere acreditación ante los tribunales estadounidenses, por lo que el juez mexicano conserva la presunción de inocencia.
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