Anulan títulos a 26 abogados críticos de Ortega

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anuló de manera “definitiva” los títulos de 26 abogados críticos al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos las juristas Vilma Núñez y Yonarqui Martínez, que han defendido a opositores presos y que aún siguen laborando en el país.

Según una resolución de la CSJ emitida la noche del jueves, 25 de los juristas afectados habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense hace tres meses, y de ellos 15 fueron presos y fueron expulsados del país, como parte de un grupo de 222 opositores deportados a Estados Unidos el 9 de febrero.

Los restantes son parte de casi un centenar de opositores exiliados que también en febrero fueron declarados “apátridas” por el gobierno sandinista y expropiados de todos sus bienes en Nicaragua. A los 26 juristas se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus protocolos y sellos que los acreditaban para trabajar.

En la lista destaca la abogada Núñez, de 84 años y fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a quien Ortega le despojó de su nacionalidad, le congeló sus cuentas bancarias y le canceló su pensión de vejez. Martínez, también abogada de decenas de opositores que fueron detenidos, protestó el viernes por la medida en su cuenta de Twitter: “Años de estudio y experiencia profesional no se borraron con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DDHH”, escribió.

La lista de los 26 abogados “ilegalizados” incluye al reconocido escritor Sergio Ramírez, exiliado en España; a los defensores de los derechos humanos Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, exiliados en Costa Rica, así como a Uriel Pineda y Mónica López Baltodano, exiliados en México.

También a los “presos políticos” excarcelados Ana Margarita Vijil, José Pallais, María Oviedo, Roger Reyes, Hugo Rodríguez y Edgard Parrales, este último embajador sandinista ante la OEA durante el primer gobierno de Ortega, en la

década de 1980.

Otros afectados son excolaboradores de Ortega, como Rafael Solís Cerda, que en 2019 renunció a su puesto de magistrado vicepresidente de la CSJ y huyó de Nicaragua, y tres exfuncionarios del Poder Judicial detenidos y deportados en febrero. También figura el exmilitar sandinista Marlon Sáenz (alias Chino Enoc).