Asamblea de Bukele da inmunidad a funcionarios ante compras en pandemia: Diputados

En medio de la polémica por la destitución de magistrados y del fiscal general, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley para proteger a funcionarios y personal médico, y evitar que puedan ser demandados por contratos ligados a la pandemia de COVID.

De acuerdo con la legislación aprobada, los servidores y trabajadores ligados a la atención de la pandemia “gozarán de inmunidad ante demandas o entidades que operan en el sector de salud o administrativos (...) están exentos de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial y obligación de indemnizar que surja por o esté relacionada con cualquier producto o servicio”.

La medida fue respaldada por 64 legisladores, aliados del mandatario Bukele, en una votación similar a la del pasado 1 de mayo, cuando cesaron a nueve magistrados y al fiscal Raúl Melara.

Diputados de oposición denunciaron que se trata de una artimaña para proteger a funcionarios y administrativos, quienes eran investigados por el exfiscal Melara, por el presunto uso irregular de recursos destinados al manejo de la emergencia sanitaria, relacionado con la compra de mascarillas y otros insumos; además, aplica con retroactividad, es decir, desde el inicio de la pandemia.

Por lo que sospechan que esta supuesta garantía es para evitar que los involucrados en estas anomalías sean demandados por contratos ligados a la pandemia.

En respuesta, los oficialistas resaltaron que la ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia de coronavirus, impulsada por el presidente y entregada al Congreso a través del ministro de Salud, Francisco Albí, busca respaldar a quienes integran la primera línea de batalla contra el Covid, como médicos y enfermeras.

Otros beneficiarios, según el Artículo 4, son farmacéuticos, fabricantes y organizaciones hospitalarias.

Dichas justificaciones no apagaron las sospechas de opositores, quienes insisten que es un blindaje; la diputada Anabel Belloso lo calificó de mecanismo de corrupción para “arreglar los chanchullos”; Dina Argueta la respaldó y dijo que fue una inactiva a la medida con serias ilegalidades. Por separado, Johhny Wright expresó “no quiero que esa ley faculte a (al mandatario Bukele) o a otros funcionarios a no rendir cuentas. La pandemia no debería ser una justificación para que los fondos públicos sean manejados a oscuras”.

RECLAMA A EMBAJADORES

 El presidente recriminó a diplomáticos las críticas a nivel internacional, pues admitió que no se esperaba esa respuesta ante las destituciones.

Se reportó que citó a los diplomáticos, con quienes dialogó el pasado 4 de mayo, para aclarar supuestas dudas ante la remoción de varios integrantes de la Corte y del fiscal, así como solicitarles que no se metan en temas que sólo competen a su Gobierno.

Sin embargo, en este encuentro una ausencia llamó la atención de Bukele, pues el jefe de la misión diplomática de EU, Brendan O’Brien, no acudió, pese a que este país ha sido de los más críticos.

A pesar de que era una reunión privada, el mandatario divulgó en cadena nacional parte del diálogo cuando destacó “aquí está el cien por ciento de la representación diplomática a excepción del encargado de EU” y agregó que así no se puede discutir este tema, pues se quedan con una visión equivocada.

Ello molestó al embajador chileno, Renato Sepúlveda, quien recriminó al Ejecutivo que se hicieran públicos fragmentos de la reunión supuestamente privada; mientras que Andreu Bassols, representante europeo, ironizó y hasta le exigió igualdad de condiciones para transmitir en vivo la agenda de su grupo, que se reúne el próximo 9 de mayo.