Frena corte poder militar del presidente salvadoreño

En medio de una fuerte disputa entre gobierno y Congreso en El Salvador, que llegó a la militarización de la Asamblea Legislativa, por orden del presidente Nayib Bukele, la Suprema Corte de Justicia puso un freno a las acciones del mandatario, para evitar una escalada en la crisis política y violaciones a los derechos humanos.

Tras el enfrentamiento que protagonizaron los poderes, el pasado domingo, cuando Bukele pidió a policías y fuerzas armadas que entraran al Legislativo para presionar por la aprobación de un préstamo para impulsar su estrategia de combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte se pronunció.

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En una resolución, el organismo ordenó al mandatario que se abstenga de hacer uso de la fuerza en actividades contrarias a los fines constitucionales, y que ponen en riesgo el gobierno democrático.

Asimismo, ordena al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones distintas a las que constitucionalmente están obligados, y exige al Consejo de Ministros —del cual forma parte Bukele— el cese de la convocatoria a una sesión extraordinaria para aprobar su plan.

"Por más resoluciones que emitan, sabemos que van a tratar de proteger el sistema. Estamos dispuestos a dar todo, incluso este cargo, que como la misma vida, es prestado”

Nayib Bukele

Presidente de El Salvador

El último punto alude al artículo 167 invocado por el presidente que corresponde al Consejo de Ministros y permite “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Con éste, el presidente pidió a legisladores presentarse el domingo para evaluar su propuesta.

Bukele tardó sólo unos minutos en reaccionar a la resolución. En Twitter aseguró que con esta medida “el sistema se autoprotege”.

La tensión se disparó cuando llegó al Palacio Legislativo para encabezar la sesión extraordinaria que convocó, pero a ésta sólo asistieron 22 de los 84 diputados. La presencia de uniformados dentro y fuera del Congreso alertó a los salvadoreños, activistas, ONG y prensa.

En un comunicado, la organización civil Amnistía Internacional expresó que “las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa, podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos”.

"Se ordena (al presidente) que se abstenga de hacer uso de la fuerza en actividades contrarias a los fines constitucionales y que ponen en riesgo la forma de gobierno democrático”

Suprema Corte de Justicia

Comunicado

Hasta ayer no quedaba claro por qué Bukele había ordenado la presencia militar en el Congreso, pero algunos lo interpretaron como un modo de presión.

La diputada Felissa Cristales, del derechista partido Alianza Republicana, fue una de las pocas parlamentarias que respondió a la cita del domingo, pero se marchó al ver la presencia militar. “Venimos con la mejor voluntad de conversar sobre un tema de importancia, pero veo que el Órgano Ejecutivo está tomando la seguridad de la Asamblea Legislativa”.

“Sólo falta que les pongan el fusil a los diputados para obligarlos a votar”, agregó el diputado independiente Leonardo Bonilla, que también acudió a la cita.

Desde que inició su mandato (2019), Nayib Bukele se ha jactado de su estrategia de combate a las pandillas, que según cifras oficiales logró reducir la violencia a costa de un fuerte despliegue militar.

El dato: Entre 1976 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil en la que el país contó miles de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, todos se atribuyen a las Fuerzas Armadas.

Bukele, un empresario conservador de 38 años, quien logró apelar a las masas por su acercamiento a la gente, representaba para miles de votantes una esperanza de cambio, porque no provenía de ninguno de los partidos que gobernaron durante las últimas tres décadas.

Si bien el lunes ya no había presencia militar, los diputados suspendieron todas las comisiones de la Asamblea Legislativa, entre ellas la de Hacienda, que supuestamente discutiría la aprobación del préstamo de 109 millones de dólares para el Plan de Seguridad del gobierno.