Argentina declara Ley de Emergencia Económica; se carga hacia asistencialismo

Después de un duro debate en el Congreso durante el fin de semana, el nuevo gobierno argentino, encabezado por el izquierdista Alberto Fernández, promulgó la Ley que declara a Argentina en Emergencia Económica, que implica, entre otros aspectos, ampliar las facultades del mandatario para administrar al Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La norma, impulsada para encontrar un alivio a las carencias en los sectores vulnerables, atajar la pobreza y el desempleo, implica un alza de impuestos a las clases media y alta y beneficios sociales para las personas más necesitadas.

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También contempla un impuesto de 30 por ciento a la compra y gastos en dólares, como una medida que protege la moneda nacional para evitar que se devalúe todavía más; pues una gran cantidad de ahorradores, sabedores de la crisis, prefiere al billete verde que al peso.

La ley también establece aumentos a los gravámenes a las exportaciones agrícolas, con un máximo de 33 por ciento para la soya, el principal producto de exportación, lo que implica que el insumo se venda más caro en el extranjero, con el fin de impulsar a los productores.

La medida puso en alerta al poderoso sector agrario, el único que creció en el último año, al advertir que las nuevas disposiciones podrían hacer que los países importadores de la soya argentina establezcan medidas espejo.

Junto con el impuesto de compras en el exterior, el gobierno de Fernández presentó otras medidas con el fin de reactivar la producción y de mejorar la situación social de los pobres, que ya alcanza 40 por ciento de la población.

Una de ellas busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, al aplazarles sus deudas de servicios públicos contratados con el Estado. Además, se contempla un esquema de condonación de intereses, multas y otras sanciones a las que fueron acreedoras por incumplimiento de pagos.

Por otra parte, la administración de Fernández, un aliado de los gobiernos kirchneristas, prevé congelar las tarifas de servicios públicos por seis meses, en apoyo a la economía familiar.

Entre las reformas sociales, el gobierno presentó una iniciativa que busca reforzar el sistema de pensiones mínimas en un plazo de 180 días y bajo una fórmula “consistente”.

Mientras tanto, habrá incrementos trimestrales para los trabajadores con más bajos ingresos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que los jubilados que reciben la pensión mínima tendrán derecho a bonos de 5 mil pesos (80 dólares aproximadamente), en diciembre y enero.

“Ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social en los últimos cuatro años. Lo que se hizo con los jubilados es grave. El sistema no funciona y desprotege a la población jubilada y al país”, explicó Guzmán en una entrevista para CNN.

“Todos entendemos lo dura que es la situación actual, lo que ha sido el crecimiento de la pobreza, la indigencia, los problemas de seguridad alimentaria, el hambre”, agregó.

La Ley de Emergencia Económica cumple con la promesa del nuevo gobierno de restituir la dinámica del Estado asistencialista derribada por el expresidente Mauricio Macri, quien estableció recortes a los programas sociales para corregir los niveles macroeconómicos.