Militares asumen control vial y de aeropuertos ante la crisis en Perú

El gobierno de Perú amplió la declaración de emergencia en Arequipa e Ica y en la infraestructura vial ante los actos violentos desatados por la destitución y arresto de Pedro Castillo, quien podría ser liberado hoy mismo al cumplirse siete días de arresto preliminar, mientras críticos exigen frenar la represión.

Ante la escalada de enfrentamientos por los que suman seis muertos y decenas de heridos, entre ellos 119 policías, según la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), así como saqueos, bloqueos carreteros y nuevos ataques contra medios de comunicación, el nuevo gobierno de Dina Boluarte analiza un régimen de alerta a nivel nacional luego de reconocer que cada vez hay más puntos críticos con altos niveles de violencia, pese a la contención policial.

Incluso, el Ministerio de Defensa andino confirmó que una de las prioridades es despejar todas las carreteras del país por lo que impuso una emergencia en la red vial para garantizar el libre tránsito de la población luego de múltiples movilizaciones que afectan hasta la entrega de suministros con decenas de camiones parados en varios puntos.

A través de la cuenta de Twitter del departamento se detalló que las Fuerzas Armadas redoblarán “la protección de puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y toda la infraestructura”; sin embargo, hasta el cierre de esta edición continuaron los ataques y tomas de aeropuertos, como el de Cusco con lo que suman tres paralizados, y de plantas de gas natural, así como actos vandálicos en oficinas de gobierno y centros comerciales en Lima. Y para reforzar el plan se prevé una reunión del Consejo de Seguridad para tomar nuevas medidas hoy.

Pero también buscan detener a los instigadores, pues señalaron que hay cerebros detrás de las movilizaciones que arreciaron el fin de semana.

Fuentes de la Policía explicaron que entre quienes azuzan a miles están los cómplices de Castillo Terrones como su ex primera ministra Bettsy Chávez, presunta coautora de rebelión, y otros integrantes del gabinete, a quienes señalaron de orquestar actos violentos para debilitar el gobierno que lleva una semana en funciones. Al respecto, el Poder Legislativo fijó un plazo de 15 días para determinar si exministros facilitaron o fueron parte de la estrategia de quien hace una semana lanzó un autogolpe de Estado.

Y ante la presión, Boluarte admitió ante la prensa que se evalúa la posibilidad de adelantar elecciones, una de las demandas de seguidores de Castillo y de sus críticos, al reiterar que escucha al pueblo, pues su gestión es de transición, ya que los integrantes de ese gobierno y del Poder Legislativo dejarán sus funciones el próximo año.

La exvicepresidenta dijo que revisan alternativas para que los comicios sean antes de abril, como lo anunció, hecho por el que el Congreso adelantó que la próxima semana la Comisión de Constitución recibirá al ministro de Justicia para detallar las opciones de acuerdo a los tiempos para preparar el proceso.

En medio de los reclamos de disidentes que exigen la liberación del ahora ex mandatario depuesto, éste aseveró que hoy mismo saldrá en libertad.

Aunque el Poder Judicial rechazó su apelación, Castillo Terrones celebró en redes sociales que este miércoles concluye el plazo de siete días de prisión preliminar por lo que poco antes de las 14:00 horas podrá “abrazar” nuevamente a su pueblo que lo sigue apoyando.

Sin hacer énfasis en la ratificación del juez César San Martín, quien calificó de legal su aprehensión y hasta respaldó la postura de la Fiscalía de que el acusado cometió flagrancia al alterar el orden constitucional y se encuentra en riesgo de fuga, por sus ganancias como presidente y apoyo de países que le garantizaron asilo, el mandatario insistió que es inocente de los cargos de rebelión y conspiración y hoy dejará las instalaciones del Diroes, pese a las acciones de la oposición, sector al que le dedicó un mensaje al referir que ““jamás renunciaré” y llamó a mantener la lucha contra el gobierno al que tachó de “usurpador”.

Asimismo, en una carta previa responsabilizó a Dina Boluarte y a esta nueva gestión de la “masacre” y “feroz ataque a mis compatriotas” en medio de actos represivos a manos de las fuerzas del orden para liberar vías, mientras que ella llamó a la calma al pueblo para recuperar la estabilidad en medio de la crisis.

Sin embargo, todo dependerá de la respuesta de la Fiscalía, que insiste que hay un riesgo de que Castillo Terrones abandone el país luego de su fallido golpe de Estado, mismo que, insisten, no fructífero gracias a que ningún poder ni institución andino apoyó su plan para disolver al Congreso.

Además, la Defensoría del Pueblo corrigió las cifras de bajas al indicar que suman seis muertes y no siete como declaró la titular, Eliana Revollar. En un comunicado, precisó que dar la cifra previa fue prematuro, pues se confirmó que uno de los nombres revelados ni siquiera existe en el registro nacional y para evitar confusiones, pues el gobierno local corrigió datos, enlistó los nombres de las víctimas, de entre 15 y 38 años de edad.