Nicaragua renueva cerco contra las organizaciones

Seis meses después de las elecciones presidenciales, el régimen de Daniel Ortega arremetió de nuevo contra la oposición al cerrar 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —número récord en una sesión de la Asamblea Nacional de Nicaragua—, y criminalizarlas por presuntamente incumplir en la entrega de los informes financieros.

Replicando la dosis de febrero pasado contra decenas de universidades nacionales y extranjeras, el Congreso quitó la personería jurídica a decenas de asociaciones críticas.

Durante la sesión de ayer justificó que éstas violaron la ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro por la negativa a transparentar sus gastos, pues aunque algunas entregaron documentación en la materia ésta quedó incompleta o se ocultó información sobre el origen de su financiamiento, versión que, acusan, no permiten corroborar, por lo que aseguran que sólo son represalias.

Incluso, los legisladores recordaron que estos grupos subsisten gracias a donaciones, mismas que el gobierno sandinista ha puesto bajo la lupa al considerar que son respaldadas desde el exterior para atacarlo.

Con este nuevo golpe sobre la mesa, el Poder Legislativo avaló, con el respaldo de 75 diputados afines a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, desaparecer las dos listas de 25 asociaciones.

Así suman 210 desconocidas para operar en casi cuatro años en respuesta a lo que consideró un intento de golpe de Estado. Y con éstas superan el centenar en menos de un mes, pues en abril arrebató sus poderes a 70, por petición del Ministerio de Gobernación.

Y pese a las críticas de los afectados y promotores de la libertad de expresión y derechos humanos, la Asamblea presumió que se puso un alto a los ilegales justo el Día de la Dignidad Nacional, evidenciando que actúan por los intereses del país, es decir de Ortega y aliados, basados en la defensa a la soberanía.

Entre las eliminadas destacan aquellas en favor de los derechos humanos, como la Asociación por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH), el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) —que negó ser parte de los sancionados—, y la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense Resistencia, esta última que luchó contra el primer régimen sandinista entre las décadas de los 70 y 90, así como el medio de comunicación Fundación 10.

También aparecen entre ellos grupos juveniles y campesinos, dos de los gremios más restringidos durante al carrera electoral con la que Ortega afianzó su cuarto mandato consecutivo, así como feministas, ambientales y democráticos, entre otros, recalcando que tienen el poder de quitar del camino a cualquiera.

Además, los afectados denuncian restricciones al advertir que, pese a alegatos, no reciben ningún dato extra para demostrar que están en regla.

Estas acciones se dan en medio de un clima de posibles cambios legislativos, pues el régimen busca fortalecerse a sí mismo con una reforma electoral de cara a los comicios municipales de noviembre próximo y también prevé una reforma penal, endureciendo penas contra opositores.

En el proyecto presentado ayer, revelan, se busca asumir control total del proceso, al acortar los tiempos de campaña; mientras que en temas penales prevén mayores sanciones por delitos que achacan a sus detractores.

Al respecto, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos definió la ruta para el análisis de cambios penales con los que prevén aumentar las sentencias por delitos como menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio y reparación del daño, mismos que imputaría a opositores, a quienes tacha de golpistas por supuestamente actuar en su contra.