En Perú, emergencia nacional ante escalada violenta

Las intensas movilizaciones por las que ya suman ocho decesos en Perú obligaron al nuevo gobierno a declarar Estado de emergencia nacional a casi una semana de que Dina Boluarte asumiera como presidenta, mientras busca acelerar el proceso para que las elecciones sean antes de lo previsto.

Las acciones previstas para recuperar la gobernabilidad y el control ante los bloqueos y toma de cuatro aeropuertos se extenderán por 30 días, confirmó el ministro de Defensa, Alberto Otálora.

Luego de una reunión del Consejo de Ministros, el titular de las Fuerzas Armadas aseveró que el plan busca limitar al máximo la presencia de disidentes en las calles y los choques, pues la declaratoria contempla suspender la libertad de reunión y de tránsito, sin llegar a un toque de queda. No obstante, dicho escenario sigue sobre la mesa ante los niveles de violencia por los que ya contabilizan cientos de detenidos y de heridos, en su mayoría por golpes en la cabeza, y de estos últimos 19 siguen hospitalizados y 150 más fueron dados de alta, según una actualización del Ministerio de Salud.

Dicha estrategia se da casi 12 horas después de que los militares asumieran el control y en instalaciones federales, tras los cierres carreteros y tomas de comisarías, y aeropuertos, así como ataques directos contra medios de comunicación, a los que los disidentes vinculan con la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo, aunque éste se asume como el único y legítimo Ejecutivo.

Al respecto, la presidenta reiteró el llamado al diálogo al precisar que es posible llegar a un acuerdo para recuperar la tranquilidad y la paz, pero no cuando las demandas se dan entre actos violentos que ponen en riesgo la estabilidad regional.

Incluso, tras evaluar la situación reconoció que llegó al poder en medio de una fuerte crisis y un gran hartazgo, procesos en los que “sabemos que las necesidades de nuestra patria están sin atenderse desde hace mucho tiempo”. Pero Boluarte insistió que escuchará todas las demandas de la población.

Por ello, adelantó que es posible que las elecciones sean a finales del 2023 y no hasta 2024 como declaró. “Legalmente los tiempos calzarían”, sostuvo en torno a la cronología que alista el Congreso; no obstante, sentenció que ello dependerá del acuerdo de todas las fuerzas políticas.

Tema en el que ya trabaja el Congreso, pues ayer mismo inició sesiones para analizar el proyecto de reforma constitucional para definir los tiempos que tienen para organizar los comicios, mucho antes siquiera de la mitad de mandato de Castillo Terrones.

Y en este mismo tema se pronunció la Defensoría del Pueblo al exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo priorizar la demanda social de convocar unas elecciones inmediatas.

Luego de lamentar el deceso de ocho ciudadanos llamó a implementar “alternativas realistas” con urgencia para que los peruanos elijan a un nuevo mandatario, para poner fin a las tensiones, violencia e ingobernabilidad a más de una semana del fallido golpe de Estado.

En medio de este caos, el Poder Judicial derribó la confianza de Castillo Terrones de salir de prisión al fijar un plazo de 48 horas extra de detención preliminar para que se lleve a cabo otra audiencia por las imputaciones de la Fiscalía, pues el órgano que tuvo constantes diferencias con el entonces mandatario solicitó hasta 18 meses de cárcel en su contra por delitos en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, denunció un cerco de la oposición al calificar de atropello el retraso a su liberación, luego de rechazar colaborar con la fiscal Patricia Benavides. “Vuelven a coartar mi libertad”, recriminó el izquierdista en otra carta luego de la petición de mantenerlo en prisión por casi año y medio, y ante lo que consideró nuevas violaciones por parte de un gobierno usurpador y golpista. Por ello solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para velar por sus derechos.

Además, en un segundo texto arremetió contra la prensa al sostener que ésta ignora la crisis y la “masacre”, en referencia a las víctimas de la Policía Nacional, pues aseveró que el nuevo gobierno le pagó a ese sector hasta nueve mil millones de pesos para “silenciar” la situación actual en la región.

Pero también tuvo palabras para sus simpatizantes, a quienes esperaba ver alrededor de las 14:00 horas cuando se estimaba su liberación, y gobiernos aliados como sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, por el respaldo externado desde su arresto.