Pide Juez de EU evaluar inmunidad de Zedillo, en caso Acteal

Ernesto Zedillo.- Foto: Cuartoscuro

Washington.- El gobierno estadounidense dijo hoy que tiene bajo “activa consideración” el reclamo de inmunidad para el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, en relación con la matanza de Acteal, luego que una corte lo emplazó a definirse para el 23 de julio.

“El gobierno de Estados Unidos tiene el asunto bajo activa consideración. No podemos dar más detalles”, dijo a Notimex un funcionario del Departamento de Estado.

El juez federal estadounidense Alvin Thompson, de la Corte Distrital de Connecticut, pidió a la administración del presidente Barack Obama, a través de la secretaria de Estado Hillary Clinton, que indique si pretende definir una postura sobre el reclamo de inmunidad a Zedillo ante las demandas civiles que enfrenta en Estados Unidos.

Thompson escribió que la defensa del ex gobernante “ha señalado que el gobierno mexicano ha externado inmunidad de ex jefe de Estado para el ex presidente Zedillo, y ha pedido al Departamento de Estado que notifique a la Corte que apoya tal inmunidad”.

“En consecuencia, a no más tardar el 23 de julio de 2012, Estados Unidos debe indicar a la corte, sí o no intenta emitir una Declaración de Interés en la materia y, de ser así, la fecha en la que planea presentarla”, añadió Thompson.

La moción del magistrado de Connecticut, enviada el 21 de junio, no adopta una postura sobre el reclamo de la defensa legal de Zedillo, y se limita a inquirir al gobierno federal sobre su eventual intervención en el asunto.

El ex mandatario mexicano fue acusado ante la Corte Federal por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997 en el estado de Chiapas, en la que murieron 45 hombres, mujeres y niños.

De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano de "El Plan de Campaña Chiapas 94", descrita como una estrategia secreta del gobierno para aplastar al movimiento insurgente zapatista.

La demanda fue interpuesta, por el despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, a nombre de seis hombres y cuatro mujeres, sobrevivientes de los hechos, y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres permanecen bajo reserva.

En enero pasado, los demandantes pidieron a la corte que la defensa del ex presidente entregara “evidencia competente” de que el gobierno mexicano apoya su reclamo de inmunidad.

En una moción, los demandantes pidieron entonces que la Corte de Connecticut rechazara la solicitud de Zedillo para pedir la opinión legal del Departamento de Estado en los plazos del ex mandatario, hasta que entregara prueba fehaciente del apoyo de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México pidió desde noviembre pasado, a través de la embajada de México, la intervención de Estados Unidos ante la corte del estado de Connecticut, a fin de reclamar inmunidad para Zedillo, en su calidad de ex jefe de Estado.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo en su momento a Notimex que está en posición de “proveer a la corte su consejo en relación con la inmunidad de jefes de Estado, actuales y pasados”.

En 2011, Estados Unidos aceptó inmunidad para el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, con motivo de un proceso en una Corte del Distrito de Columbia, donde la multinacional Drummond pidió la comparecencia del ex mandatario en calidad de testigo.

La administración Obama dejó sin embargo en claro que la inmunidad eximía a Uribe de dar testimonio sólo en relación con hechos ocurridos durante su mandato como jefe de Estado.

El proceso civil contra el ex presidente Zedillo tiene lugar en la corte en Connecticut, por ser esta la entidad de residencia del ex presidente mexicano, que se desempeña como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.

En la demanda se acusa al ex presidente de conspirar junto con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre de Acteal.