Toma violenta de Masaya agudiza el rechazo internacional a Ortega
Hombres con las caras tapadas con pañuelos, como si se tratara de una guerrilla civil, resguardaban ayer las calles de la ciudad nicaragüense de Masaya, ubicada a 35 minutos de la capital, y alzaban sus fusiles en una clara señal de victoria.
[caption id="attachment_772503" align="alignleft" width="119"] Gráfico: La Razón de México[/caption]
Fue precisamente esta toma lo que agudizó el rechazo internacional en contra del gobierno del líder sandinista. Ayer el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por 21 votos en favor una resolución que condena la brutal represión del gobierno nicaragüenses a los manifestantes civiles y que han generado la muerte de al menos 353 personas, de acuerdo a ONG locales; y se hizo eco de la principal solicitud de la oposición: adelantar las elecciones de 2021 a 2019.
[caption id="attachment_772502" align="alignright" width="129"] Gráfico: La Razón de México[/caption]
La propuesta condena específicamente “los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas, y otros manifestantes pacíficos”, y urge al gobierno de Nicaragua y a todas las partes “que participen activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional”.
Sólo Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela rechazaron la iniciativa, de acuerdo con información difundida por la OEA. El Salvador, Granada, Haití, Suriname, Trinidad y Tobago, Barbados y Belice se colgaron del principio de autodeterminación de los pueblos para abstenerse y los representantes de Dominica, San Kitts y Nevis y Bolivia ni siquiera estuvieron presentes al momento de la votación.
El Dato: El representante de Bolivia defendió al gobierno de Ortega durante la sesión y abandonó el recinto antes de la votación.
En la misma reunión, el Consejo Permanente rechazó una propuesta de resolución presentada para apoyar la Ejecutivo nicaragüense. El texto recibió apenas los votos a favor de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela; 20 países se negaron a avalar la declaración y ocho se abstuvieron (Barbados, Belice, El Salvador, Granada, Haití, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda. El documento urgía “a la comunidad internacional, específicamente a los países de América Latina y el Caribe, a respetar la autodeterminación de Nicaragua, para restablecer la paz”.
El rechazo a la violencia de Ortega rebasó los espacios de la OEA. Ayer un grupo de senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, presentó un proyecto de ley –bautizado como “Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua”– que contempla la aplicación de nuevas sanciones y la exigencia de la convocatoria de elecciones anticipadas.
La CIDH también cerró filas en contra del régimen. “La situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más”, afirmó Paulo Abrao, secretario de la Comisión.
¿En qué consiste la ley contra el terrorismo?
El instrumento legal criminaliza las protestas, según la ONU.
Las nuevas legislaciones fueron propuestas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al Legislativo el pasado 4 de abril, y aprobadas el lunes en sesión extraordinaria con 70 votos en favor.
Aquella persona que cause muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, o destruyan o dañen los bienes públicos o privados, será castigado con 15 a 20 años de prisión.
Todo aquel que recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos que sean utilizados en actos terroristas, será sancionado con entre 15 y 20 años de arresto.
Quien atente contra la integridad física del jefe de Estado, así como de representantes del gobierno será penalizado con entre 15 y 20 años de cárcel.