La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) estimó sanciones “únicamente” de carácter civil a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam, señalados de lavar dinero de cárteles de la droga. “De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las posibles sanciones a estas instituciones son de carácter exclusivamente civil”, señaló en un documento.
La institución confió además en que se llevará a cabo un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano.
Añadió que de acuerdo con la información pública disponible, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estado en permanente comunicación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, proveyendo toda la información necesaria para asegurar que las operaciones realizadas por las instituciones señaladas.
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“Los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo al estar depositados en la S. D. Indeval”, señaló.Agregó que el sistema financiero mexicano cumple con los más “estrictos” estándares regulatorios nacionales y extranjeros en cuanto a la normatividad de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
A nivel local, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) coordina permanentemente las acciones de revisión e investigación conforme al marco regulatorio vigente, mismas que, en su caso, arrojaron problemas de carácter administrativo que han sido sancionadas conforme a la normatividad aplicable”, indicó.
Este comentario se da bajo el contexto en el que la CNBV decidió intervenir a los dos bancos implicados, CI e Intercam, al menos de manera temporal. “Reiteramos nuestro compromiso con las autoridades y participantes del mercado para reforzar y fomentar el sano desarrollo del sector bursátil”, concluyó.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam de lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano, así como de facilitar pagos de materiales para la creación de drogas sintéticas, como fentanilo.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió las tres órdenes que relacionaron a estas instituciones financieras con la delincuencia organizada.
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El departamento además prohibió que otras compañías transaccionaran con los señalados. “Han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, aseguró el Tesoro.
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó los señalamientos por falta de pruebas. Vector Casa de Bolsa, que es propiedad de Alfonso Romo, exfuncionario de la 4T, jefe de la Oficina de Presidencia, se respaldó con la información presentada por Hacienda.
Argumentó que ha operado “bajo los más altos” estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales.
Indicó que las inversiones de todos y cada uno de sus clientes están 100 por ciento respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas.
“Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda”, señaló.
Intercam negó “tajantemente” su complicidad con el crimen organizado y lavado de dinero.Señaló que estará trabajando de cerca con Hacienda, Banco de México y la CNBV.
Por su parte CIBanco señaló que sus operaciones siempre se han encontrado dentro de la ley. En febrero pasado, Julio Carranza, expresidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que México cuenta con una “regulación robusta” en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la cual, afirmó, cumple con estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Señaló que la banca mexicana ha invertido por muchos años en infraestructura para evitar que situaciones, como la que acusa Estados Unidos, se propicien en el sistema financiero nacional.
Cabe señalar que el gobierno de Donald Trump designó a algunos cárteles de la droga que operan en México como actividad terrorista, cuestión que provocó un mayor escrutinio de la autoridad estadounidense sobre México.
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