Analistas critican que sobrecosto de obras sea una regla y no la excepción

La falta de planeación, transparencia y competitividad son los principales factores que determinan que un proyecto de infraestructura tenga o no un sobrecosto superior a 25 por ciento o se demore más de lo permitido por la Ley de Obra Pública; por lo cual, analistas ven con optimismo el planteamiento del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que éstos se sujeten a la legislación.

El pasado domingo, López Obrador afirmó que durante su gestión las licitaciones para proyectos de infraestructura estarán apegadas a la ley, por lo que participarán empresas que se sujeten por ley a cumplir con las fechas y los costos pactados inicialmente.

“Las empresas que tengan obras tiradas; es decir, que hayan dejado obras en proceso o que no hayan cumplido, no van a poder participar en las licitaciones de proyectos”, acotó el Presidente electo en Villahermosa, Tabasco.

[caption id="attachment_813550" align="alignnone" width="696"] Gráfico: La Razón de México[/caption]

En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) recordó que si bien el sobrecosto de las obras es uno de los factores que más aqueja a la industria, la actual ley de obras permite un margen de maniobra en costo y tiempo de alrededor de 25 por ciento.

En entrevista con La Razón, Ricardo Corona, director jurídico del Imco precisó que ese incremento de costos se permiten por temas específicos externos a la obra en sí; por ejemplo, aumentos en las tasas de interés o volatilidad en el tipo de cambio; no obstante, mencionó que aunque la ley permite este margen de maniobra, en muchas ocasiones este factor en vez de ser la excepción, termina siendo la regla.

Mencionó que el planteamiento es positivo, siempre y cuando se cumplan con las condiciones básicas de competitividad y transparencia que se necesitan para estas acciones.

Corona aseguró que se deben tener procesos abiertos de licitaciones, así como un manejo adecuado de las finanzas públicas y planeación para que se cumpla con la responsabilidad de eliminar la discrecionalidad que hay en los procesos licitatorios.

[caption id="attachment_813549" align="aligncenter" width="719"] Gráfico: La Razón de México[/caption]

Sin embargo, el especialista refirió que si bien estos temas son importantes, se debe tomar en cuenta que los planteamientos del próximo Presidente no se deben quedar sólo en declaraciones, sino que se tendrán que puntualizar las consecuencias que conllevará continuar con una problemática que aqueja al sector infraestructura desde hace tiempo.

Cabe recordar que varias organizaciones civiles han denunciado que los sobrecostos en la mayoría de los programas de infraestructura en el país se elevan por arriba de 70 por ciento.

En este tenor, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), comentó que como representante de más de 12 mil empresas, este pronunciamiento les da tranquilidad, pues el gremio siempre ha pedido que se tenga libre y real competencia.

“Si se trata de premiar a empresas que han cumplido con la ley, eso está muy bien, pero si se trata de empresas que no han cumplido o que han dejado obras tiradas, que no son formales, ésas nos hacen una competencia desleal, por eso creemos que no hay mucho qué inventar, pues tenemos una ley que es muy clara”, destacó el empresario.

No obstante, coincidió con el IMCO en que más allá de las prácticas desleales que genera la discrecionalidad en los procesos de licitación, se tiene otro factor que complica desde el origen la entrega de los trabajos y el costo de los mismos.

La planeación, dijo, está bien sustentada en la Ley de Obras; sin embargo, en muchos proyectos, aún ni se cuenta con un proyecto ejecutivo concluido, cuando las obras ya han comenzado; lo cual se da principalmente en situaciones en las que se utiliza el anuncio de obras para términos políticos.

“No pueden ser un gusto o una ocurrencia de un personaje, tienen que ser proyectos estudiados en todos los aspectos, desde el punto de vista técnico, financiero, social, en materia de efectos económicos; todo esto tiene que hacerse antes de arrancar una obra, para que quienes ganen las licitaciones, sepan que tienen que cumplir con calidades, con tiempos y costos”, apuntó.

Comentó que al contar con una ley tan específica, responde a una situación planteada con anterioridad por parte de la industria, quienes han exhortado a las autoridades “piso parejo” para todas las compañías.

“Pareciera que se concentra el ejercicio de las obras en unos cuantos”, refirió.

El Dato: Se debe tener un manejo adecuado de las finanzas públicas y planeación para que se pueda eliminar la discrecionalidad en los procesos de licitación que se realizan.