Nadie, en su sano juicio pone en duda que México necesita una reforma fiscal. Si comparamos los ingresos tributarios que percibe el gobierno mexicano, ya no con los países de la OCDE, sino con el resto de Latinoamérica, nos podemos dar cuenta del serio problema que enfrentan las finanzas públicas, las cuales únicamente se sostienen gracias a los rendimientos petroleros.
Mientras México recauda el 9.6 por ciento de su PIB, a través de impuestos directos o indirectos, la media en el resto de los países de Latinoamérica es del 14.2%. Nuestros principales referentes recaudan el doble: Chile 18.9 por ciento y Brasil 17.3%. por ciento.
Está demostrado en los hechos que el SAT sólo es eficiente fiscalizando a las grandes empresas y a la economía formalmente establecida; sin embargo, aún en este sector tiene grandes problemas fiscalizando a los pequeños contribuyentes, a los profesionistas y al resto de las personas físicas, incluyendo recientemente el ingreso de los trabajadores asalariados, donde se han creado esquemas masivos para evadir el pago del ISR y de las contribuciones de seguridad social.
Además, es importante apuntar la falta de corresponsabilidad asumida por las Entidades Federativas y los municipios del país, que poco aporta en la recaudación de impuestos. Tal parece que varios de ellos se limitan a cobrar sus participaciones federales, sin coadyuvar de manera real en dicha recaudación.
La generalización del impuesto al valor agregado parece ser la única solución, dado que indirectamente permitiría recaudar parte de las ganancias que genera la economía informal; sin embargo, el tema se ha politizado a tal grado, que incluso el PRI, sabiendo que pudiera recibir un país prácticamente quebrado en el 2012, no está dispuesto a asumir el costo político de esta medida.
Mientras tanto, es triste ver que el resto de los países se dedicaron a crear estímulos para que sus empresas pudieran recuperarse económicamente en esta época de crisis mundial y, en México, lo único que hicimos fue subir la tasa del ISR al 30% por ciento y eliminar las ventajas del último régimen de fomento real a la inversión que quedaba en México, como lo era la consolidación. Esto, sin contar la complejidad excesiva que conlleva contar con dos impuestos directos que gravan el ingreso, como lo son el IETU y el ISR.
Los encargados de la política económica de nuestro país están perdiendo de vista que la única manera de tener un nivel de recaudación aceptable es fomentando que la economía crezca. A mayores ganancias, corresponde mayor derrama económica y más impuestos para el gobierno, no sólo directamente de parte de las empresas, sino de sus trabajadores y proveedores.
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fdm
