Mauricio Farah
Cada vez que en Estados Unidos sufren una masacre en una escuela, en un hospital, o en un parque, viven lo que los mexicanos padecemos cotidianamente: las consecuencias sangrientas y letales de la indiscriminada venta de armas en su territorio.
Ciertamente, las noticias son cada vez más alarmantes en los medios globales y se vive un ambiente de preocupación por el elevado número de tiroteos en los que mueren inocentes. Hay motivos, permanentes y crecientes, para mantener un estado de alarma constante.
Información compilada por el sitio Shooting Tracker evidencia que al norte del Río Bravo hay un tiroteo masivo en el que mueren cuatro o más personas casi a diario. Además, la frecuencia de estos letales ataques se está incrementando. Tan sólo en 2014 se registraron 336 tiroteos. Ese récord ya fue abatido este año: van 352, aunque todavía falta considerar todo el mes de diciembre. No sólo hay más tiroteos, también el número de víctimas mortales se incrementa. Como bien dijo Barack Obama, justo tras la más reciente balacera, en California: “en este país tenemos un patrón de tiroteos masivos sin paralelo en ninguna parte del mundo”.
Lo más preocupante, para estadounidenses y mexicanos, es que no se trata de pistolas compradas en un callejón, a un vendedor furtivo o en complejas transacciones ilegales. Todo lo contrario. Es armamento adquirido a plena luz del día, sin mayores trabas, en tiendas sumamente accesibles y hasta en ferias y outlets. En algunos casos, resulta más difícil conseguir una licencia de manejar que un arma de fuego.
Tan sólo durante el famoso día de ofertas anuales “Viernes negro”, se solicitaron al FBI 185 mil 345 autorizaciones para la compra de armas; hay que señalar que se calcula que únicamente 40 por ciento de estas ventas se lleva a cabo a través de vendedores que exigen tales registros, así es que el número real es mucho mayor. Tampoco es que sólo se vendan armas para defensa del hogar o para tiro deportivo o cacería. Cualquier ciudadano puede comprar fusiles de asalto de los que aquí se consideran, citando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como “de uso exclusivo” para las fuerzas armadas.
Desgraciadamente para nuestro país, esta laxitud, tanto en la venta como en el tipo de armas ofrecidas, tiene un impacto cotidiano y letal en la vida de miles de mexicanos. Ya en la estadística de las armas decomisadas entre 2009 y 2010 aparecía que un 70 por ciento eran de procedencia estadounidense. En 2014 se detectó que entre las 15 mil 397 armas de fuego decomisadas por las autoridades mexicanas, 11 mil eran de origen norteamericano, un 72 por ciento.
Quizá el hecho de que terroristas puedan comprar armamento con total facilidad pueda motivar y urgir al legislador estadounidense a enmendar esa severa falla en su arquitectura legislativa. No obstante, parece sumamente difícil, puesto que se conjugan enormes intereses económicos, una agenda política con siglos de tradición, así como voceros y patrocinadores altamente organizados, que han condenado a la inmovilidad al mismo presidente Obama. Para legislar en Estados Unidos, obviamente hay que ser estadounidense; las víctimas de su laxitud en la venta de armas pueden ser de cualquier parte, México incluido, lo que para nuestros vecinos carece de importancia.
Twitter: @mfarahg
Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista
en derechos humanos.