Los órganos constitucionales autónomos se han convertido en un nuevo objetivo del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dichos organismos se crearon desde la década de los 90, empezando con Banxico, la CNDH y el entonces IFE. Ya en la década de los 2000 surgió el INEGI y el INEE; y en la última década se crearon el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y la Fiscalía General de la República.
En los últimos meses AMLO ha señalado a estos órganos constitucionales autónomos y a los funcionarios que los integran, de atender intereses ajenos a los del Estado mexicano. A raíz de las declaraciones de Manuel Bartlett, director de la CFE, en las que reveló presuntos actos de corrupción en el sector eléctrico y conflictos de interés de exfuncionarios de la dependencia, el Presidente señaló a la Comisión Reguladora de Energía, órgano autónomo de la Secretaría de Energía, de haber dañado los intereses de la CFE y de operar de acuerdo con intereses particulares. Otros ataques similares por parte de AMLO fueron en contra del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del INAI.
La razón de ser de los órganos constitucionales autónomos es que están dedicados a la resolución de asuntos técnicos, sin que dependan del vaivén de las transiciones políticas. Sin embargo, el modelo por medio del cual sus sillas son ocupadas genera disputas políticas, ya que las mismas son designadas a sugerencia del Presidente y autorizadas por una de las Cámaras del Congreso. Esto es lo que hemos estado viendo; las declaraciones del Presidente han estado acompañadas de nuevas propuestas para ocupar estos organismos, las cuales han distado de ser los perfiles a los que estábamos acostumbrados.
Esta estrategia ha sido acompañada de una política de austeridad que restringe las actividades, en muchos casos sustantivas, de los organismos autónomos. Es, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional Electoral, donde la restricción presupuestal a la cual ha sido sometido complica la realización de todas las actividades que implica la organización de procesos electorales. El caso del INE es de relevancia porque el Presidente tendrá injerencia en el nombramiento de nuevos consejeros, incluyendo el presidente del órgano rector en materia electoral.
Con esto, el Presidente podría estar ocupando una serie de estructuras que conforman una especie de cuarto poder o contrapeso al Ejecutivo, y con esto continuar con la estrategia política que ha venido construyendo, primero, desde las elecciones de julio de 2018 consistente en embates a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la designación de superdelegados en los estados de la república y, próximamente, en la operación de Morena en las próximas elecciones locales.
