Ricardo Peralta negocia; el subsecretario de Gobernación se luce como árbitro en conflictos ajenos del ámbito federal; su trabajo exhibe a autoridades locales incapaces de resolver, pero al mismo tiempo revela una gestión 4T reactiva. En el fútbol se dice que el buen árbitro no se nota y éste, se nota.
El Movimiento Nacional Taxista estranguló vialidades en distintos puntos de la CDMX, su protesta por competencia inequitativa con las plataformas Uber, Didi y Cabify no es nueva; el reclamo al Gobierno local es que la Secretaría de Movilidad abre mesas de diálogo, invita el café, escucha, intercambia opiniones, anuncia iniciativas de lento aterrizaje y al final, nada. Por eso extorsionan a la capital, por sus razones y porque pueden.
Al margen del debate entre la calidad del servicio que ofrecen taxistas convencionales en comparación con la modernidad de las plataformas de transporte, queda la certeza de que el Gobierno de la CDMX no puede con el tema, no impone ni convence. Se dialoga hasta el colapso y entonces escalan el tema al ámbito de Gobernación, quien de inmediato conjura nuevos bloqueos al aeropuerto y al resto de la urbe. Hasta la próxima.
En Tenancingo, Estado de México, estudiantes de la Normal Rural General Lázaro Cárdenas del Río, en la comunidad de Tenerías, se robaron 92 autobuses con todo y operadores; durante una semana, un día y contando, los encerraron en la Normal, impidiendo a los choferes salir; como secuestrados que son, los inconformes alimentan a sus rehenes mientras exigen que el Gobierno federal atienda su demanda de plazas para 84 de sus egresados.
Ninguna autoridad municipal, estatal o federal intervino; el robo y secuestro se convierten en delitos relativos, depende de quien los cometa, con qué pretexto social y cuánta atención pública atrape su ilegalidad para que nadie mueva un dedo en aras del Estado de derecho. Así, la impunidad tiene licencia.
Los estudiantes escalaron la amenaza, si cuerpo de seguridad pública alguno se acercaba a Tenerías, choferes y unidades de transporte pagarían las consecuencias.
Ricardo Peralta terminó por recibir a una comisión de normalistas, pactó que la SEP les dará las plazas que demandan y que las autoridades del Estado de México harán nada respecto a los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de 92 operadores y el robo de otros tantos autobuses. Abusos al amparo de un árbitro que arregla, no castiga.
A partir de las notables intervenciones de la Federación en pro de la gobernanza nacional y a la luz de incompetencias locales, se construye un incentivo perverso; colapsa, secuestra, roba y negocia con Gobernación. Habrá arreglo, ni por asomo consecuencias.
Policías federales renuentes a su incorporación a la Guardia Nacional que traen de bajada a la CDMX con los cierres de Periférico Sur y accesos al AICM, tienen trazada la ruta. Si a normalistas y taxistas les funcionó, ¿por qué a otros no?