Tras anunciar que no buscará reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez denunció que el Presidente López Obrador ha menospreciado el trabajo de ese organismo, el suyo, y el de sus funcionarios, al negar investigaciones graves y rechazar recomendaciones; y sostuvo que el Senado de la República deberá elegir como su sucesor a una persona que “no sea a modo o electa desde el Ejecutivo”.
En una conferencia de prensa, que fue de hecho su despedida de los reporteros que cubren las informaciones de la CNDH, dijo que quien sirve a ésta, “debe servir a México y a su gente, no a gobiernos ni a autoridades”, en clara referencia a la actitud que el titular del Ejecutivo federal ha emprendido contra los organismos autónomos.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Esa “consulta ciudadana” de ayer en Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo morenista Jaime Bonilla Valdez, ilegal y descalificada constitucionalmente por parte del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo con todas las anomalías, vicios y mañas en ese tipo de procesos, que en el de ayer quedaron claramente de manifiesto.
Tropiezos para la instalación de casillas, votantes sin presentar identificación, lo que les permitió hacerlo en varias ocasiones, y la nada “casual” visita del Presidente López Obrador a Tijuana, este domingo, empeoraron la dudosa jornada que favorecía la ampliación de mandato.
Ciertamente, contra su costumbre de dar por hecho y validar en automático el resultado de ese tipo de “encuestas”, como fueron otras que promovió, esta vez el Ejecutivo federal anticipó que respetará la resolución que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parece ya estar igual que el Poder Legislativo.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, quien preside, entre otras, las Comisiones de Fiscalización y Organización Electoral, coincidieron en descalificar la consulta en la entidad fronteriza por carecer de una base legal e incluir preguntas amañadas que constituyen “un atropello a la democracia constitucional”.
El mandatario bajacaliforniano electo salió con que fue “la voluntad” de los habitantes de su estado los que “decidieron” que en vez de dos años, como lo expresaron en las urnas en la elección constitucional del 2 de junio pasado, gobierne por cinco.
La modificación a la Constitución estatal aprobada por el Congreso no ha sido promulgada, ni por éste ni por el gobernador panista saliente, Francisco Vega de Lamadrid, y es por ello que no se han presentado las flagrantes impugnación que violan la Carta Magna, lo que seguramente el alto tribunal de justicia echará abajo; si es que no prevalece la injerencia presidencial, como en casos recientes.
