La primera ministra Giorgia Meloni ganó las elecciones de 2022 reivindicando una posición abiertamente contraria a la migración. Dado que la mayor parte de los refugiados que se interna en Italia utiliza las rutas del norte de África, las primeras medidas de su Gobierno para contener el flujo migratorio se concentraron en la celebración de acuerdos con Libia y Túnez.
Adicionalmente, Meloni ha avanzado en la implementación de un plan que le permitirá tener centros de migrantes fuera del territorio italiano. En noviembre de 2023, su gobierno acordó con Albania un plan para construir dos centros de detención en territorio albanés con una capacidad para albergar 3,000 personas mensualmente. Los centros, cuyo costo anual asciende a 160 millones de euros, estarán bajo jurisdicción italiana. Esto significa que el personal de los centros, los elementos de seguridad y los jueces que resuelvan las solicitudes de asilo son italianos. Las personas desembarcadas en Albania y que sean internadas en los centros quedarán automáticamente detenidas y se les impedirá abandonarlos hasta por 18 meses. Las audiencias se llevarán a cabo de manera virtual mediante videoconferencias: si el juez concede el asilo, permitirá que el solicitante ingrese a territorio italiano; en caso contrario, será deportado directamente desde Albania.
Es importante señalar que el derecho a solicitar asilo desde estos centros está vedado para los nacionales de un conjunto de 22 países considerados “seguros” entre los que se encuentran Bangladesh, Egipto y Túnez. Si bien es cierto que los internos de los centros están protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) carece de atribuciones para supervisar el programa, pues Albania no es integrante de esa unión. La subcontratación migratoria concretada por el Gobierno italiano ha suscitado controversia. Mientras la mayoría de los gobiernos de la UE lo ha considerado como un ejemplo de asociación constructiva con países clave relacionados con las rutas migratorias, las organizaciones de defensa de derechos humanos estiman que su puesta en práctica está lejos de asegurar que los solicitantes de asilo reciban un trato humano y legal.
El pasado 19 de octubre una corte de Roma ordenó a las autoridades regresar a territorio italiano al primer grupo de detenidos enviado a Albania por considerar que no estarían seguros en caso de ser repatriados. El Gobierno de Meloni reaccionó tres días después con un decreto que redujo a 18 el número de países considerados seguros (excluyó de la lista original a Camerún, Colombia y Nigeria), manteniendo su vigencia. Si el acuerdo entre Albania e Italia fuera revocado por los tribunales, seguiría la suerte del programa del Gobierno británico que intentó enviar migrantes a Ruanda, pero que no se concretó debido a varias resoluciones judiciales que lo encontraron contrario a la ley. Sea cual sea el futuro de los centros, lo cierto es que su puesta en práctica evidencia la necesidad de que los flujos migratorios se regulen desde el Estado y no sean dejados a la deriva.
