La idea original es de los conservadores británicos. En 2021 aprobaron un esquema mediante el cual los solicitantes de asilo que ingresaran ilegalmente a Gran Bretaña serían enviados a Ruanda sin oportunidad de exponer en territorio británico las razones para solicitar refugio. A cambio de recibir a los inmigrantes, Ruanda recibiría anualmente 140 millones de euros.
La subcontratación del alojamiento para los solicitantes de asilo enfrentó varias decisiones judiciales de tribunales británicos y europeos que, invocando violaciones a los derechos de los refugiados, fueron retrasando su puesta en práctica. El esquema fue abandonado, al menos temporalmente, con la derrota de los conservadores en los comicios de 2024.
El segundo intento proviene de Italia. En este caso, la primera ministra Meloni ha dado varios pasos para contar con centros de migrantes fuera del territorio italiano. Con este objetivo, en 2023, su Gobierno acordó con Albania un programa de construcción de dos centros de detención en territorio albanés con una capacidad para albergar 3,000 personas. Los centros, con un costo anual de 160 millones de euros, permanecerán bajo jurisdicción italiana. Las personas que desembarquen en Albania y sean internadas en los centros quedarán automáticamente impedidas de moverse de ellos hasta por 18 meses. Igual que en el caso británico, el programa no se ha llevado a la práctica debido a la intervención de los tribunales. En tres ocasiones, una en octubre y otra en noviembre de 2024, y la más reciente el pasado 1 de febrero, sendas cortes han suspendido el programa al considerar que viola los derechos de los refugiados, determinando que sea la Corte Europea de Justicia quien resuelva sobre la legalidad del esquema.
El tercer caso es geográficamente más cercano. Durante la visita del secretario de Estado estadounidense a algunos países de América Latina, el 3 de febrero, el presidente de El Salvador anunció que los gobiernos de ambos países celebrarían un acuerdo migratorio al que calificó como extraordinario. Bukele escribió en su cuenta de X que había ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de subrogar parte de su sistema penitenciario. Señaló la disposición de admitir criminales convictos, incluyendo estadounidenses, a cambio de una tarifa. Dicha tarifa sería relativamente baja para el Gobierno estadounidense, al tiempo que permitiría sufragar el enorme sistema carcelario salvadoreño. En un tono más moderado, en la misma red social, el secretario Rubio celebró el compromiso de Bukele para aceptar y encarcelar criminales de cualquier nacionalidad, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Aunque los esquemas de los tres países son similares, tienen diferencias significativas. Mientras que los de Gran Bretaña e Italia están dedicados exclusivamente a los migrantes, el salvadoreño se ocupa de personas que han cometido delitos. Otra diferencia entre el esquema salvadoreño y los de los países europeos es que, dada la subordinación de los tribunales salvadoreños a Bukele (recordemos que validaron su reelección a pesar de estar expresamente prohibida en la Constitución), hace impensable que obstaculicen su puesta en práctica.
