Hay quienes creen que, a raíz de la bateada que le dieron en Morena a Miguel Ángel Yunes, el senador Alejandro Murat debería poner sus barbas a remojar. Importantes liderazgos del guinda en Oaxaca presionan a la dirigencia nacional del partido —como hicieron en su momento los de Veracruz— para que no se confirme la afiliación del exgobernador Murat, por mucho que el ahora legislador cuatroteísta haya recurrido ayer a la frase salinista de “no se hagan bolas”. Por lo pronto, ayer se informó que el Gobierno de Oaxaca revocó la patente de notaría que Murat, dos semanas antes de que terminara su mandato, le otorgó a quien era su secretario privado, Alejandro Nassar Piñeyro. Más de uno piensa que esta decisión, además de representar un calambre para el senador Murat, es un adelanto de lo que podría venir, dentro de lo cual, su eventual marginación de las filas de Morena, como ocurrió con Yunes, sería lo menos grave. Pendientes.
Y después del anuncio que dio ayer el presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles recíprocos al mundo, nos piden no perder de vista el impacto regional y por entidad federativa que la decisión anunciada tendrá en nuestro país. De saque, nos hacen ver que Nuevo León, entidad gobernada por Samuel García, se encuentra entre las que mejor libradas han salido de la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos, pues mantendrá varias ventajas comparativas que la colocan como un destino de inversión relevante y como una destacada plataforma de exportación. El dato duro basado en una primera revisión es que el 90% de las empresas asentadas en ese estado se encuentran amparadas por el T-MEC y, por lo tanto, serán favorecidas con la tarifa 0%. Ello apunta, nos comentan, a que ahí habrá un efecto atenuado de los aranceles y, por ende, a que se mantenga el dinamismo económico de hasta ahora y su lugar entre los favoritos para las empresas. Habrá que estar pendientes de una revisión más amplia, pero, por lo pronto, ahí está el dato.
La muerte de la buscadora de Jalisco Teresa González Murillo, ocurrida ayer, cinco días después de haber sido baleada, provocó la condena de colectivos mexicanos y de la organización Amnistía Internacional. El crimen se cometió en un contexto en el que el tema de los desaparecidos y la vulnerabilidad de las buscadoras se puso en el centro del debate a partir de los hallazgos en el rancho de Teuchitlán. Por eso no se entiende la actitud de la Fiscalía de Jalisco de referirse a la víctima como “una comerciante de Guadalajara”, sin reconocerle su calidad de activista, y al anticiparse a perfilar como móvil el robo, cuando la misma institución señaló que el día de los hechos tres hombres ingresaron a su casa, amenazaron a los presentes, le dispararon a ella y huyeron en motocicletas. Ojalá que la Fiscalía de Jalisco no incurra en omisiones al investigar el caso como ocurrió con el rancho Izaguirre, donde las faltas se las marcó la FGR. Pendientes.
Y aunque hubo golpe arancelario desde tierras estadounidenses contra más de 200 países, ha quedado claro que éste no fue tan duro como se esperaba, por lo cual se anticipa que hoy habrá un arropo en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Se prevé que ahí acudan legisladores, empresarios e invitados especiales para acompañar la presentación de “Aceleramos el Plan México”, estrategia que será expuesta como la respuesta para fortalecer la economía nacional y la producción interna frente a la incertidumbre que se ha provocado con las medidas tarifarias de Donald Trump. De entrada, se ha adelantado que se tratará de un llamado al cierre de filas en sectores clave como, por ejemplo, la industria automotriz —relevante por la cantidad de empleos que genera, así como por su contribución al PIB—. Y es que a éste ya le fue aplicado un arancel. Atentos.
Mientras en el Congreso de la Unión los presidentes de las cámaras alistan litigios contra la decisión del INE de impedirles promocionar la elección judicial, resulta que el director general del Archivo Agrario, Pedro Salmerón, ya lleva la delantera. Y es que no sólo impulsa la reforma judicial, sino que incluso se ha decantado públicamente por sus candidatos favoritos: Federico Anaya Gallardo, el número 36 en la boleta morada. “Mi candidato favorito a la SCJN es el Dr. Federico Anaya. No sólo ha sido abogado del IPN y del Senado en momentos clave y siempre del lado del pueblo; no sólo es un abogado constitucionalista de impecable trayectoria y notables aportaciones académicas. Además, es un erudito historiador del derecho”, externó el funcionario en su cuenta de X. Por si fuera poco, también adelantó otros nombres a quienes dará su voto, entre ellos a la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, además de Loretta Ortiz y María Estela Ríos. ¿No que no se podía? En fin.
Y hablando de la elección al Poder Judicial, resulta que el abogado constitucionalista Francisco Burgoa planteó otra incógnita relacionada con el posible conflicto de interés que pudiera darse si un abogado apoya o muestra su apoyo públicamente a alguno de los candidatos. “¿Votar por un juez genera conflicto de interés? En este proceso inédito donde jueces serán electos por voto popular, surgen muchas inquietudes. Una: si un abogado o alguna persona apoya públicamente a un candidato y éste gana, ¿qué pasa cuando ese juez conozca un asunto suyo y dicte una sentencia a su favor? ¿Se configuraría un conflicto de interés? ¿Podría la contraparte argumentar que el juez está favoreciendo a quien lo respaldó? La independencia e imparcialidad judicial son pilares de la democracia constitucional, pero con este modelo electoral, ¿se fortalece o se debilita? ¿Hay forma de garantizar que las sentencias no se vean afectadas por simpatías previas?”, cuestionó a través de las benditas redes sociales. Para pensarse.