Lo que empieza mal, termina mal, y, en ocasiones, mucho peor. Es el caso de la reciente deposición de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, tras una operación militar orquestada desde la cúpula más alta del poder de Estados Unidos.
Es muy fácil decirlo a toro pasado, pero la crisis social y política en Venezuela, parecía ya insostenible, particularmente a raíz del conflicto poselectoral tras la elección presidencial de 2024, en la que, ante un cúmulo de evidencia, para los ojos de una amplia mayoría de democracias en el mundo
—no incluida la nuestra entre ellas—, el triunfo de María Corina Machado y Edmundo González fue inobjetable y el fraude, por lo tanto, evidente.
“El jalón de orejas” a Nahle
La diáspora de más de 8 millones de venezolanas y venezolanos, el sometimiento de todos los poderes e instituciones del Estado, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, presos y persecución política, supresión de garantías y libertades, inflación sin límites, pauperización de una sociedad entera, aniquilamiento de la industria petrolera, a pesar de contar con los mayores yacimientos de crudo del mundo… nada pesó lo suficiente como para poder ponerle fin a dos décadas y media de un régimen autoritario, únicamente interrumpido por la muerte de su fundador.
Sin embargo, el reacomodo geopolítico derivado del retorno a la presidencia de Estados Unidos del otrora magnate inmobiliario implicó la —en muchos sentidos— inesperada estocada final para el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, por medio de una intervención militar extranjera —sin duda, la más indeseada e injustificable de las salidas, de entre todas las alternativas posibles—.
Y aunque más de uno echó las campanas al vuelo, al tiempo que se sabía de la detención y extracción del hasta entonces presidente venezolano, el panorama que se vislumbra al momento no pinta halagüeño: la estructura del Gobierno sigue intacta y no se tocó a las Fuerzas Armadas —en buena medida, las principales coadyuvantes de que el régimen de Chávez y Maduro se mantenga aún hasta este momento—.
Por el contrario, la oposición venezolana —con todo y el reciente Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado— no figura en ninguno de los planes de transición impuestos desde el Gobierno de Estados Unidos. Al momento, las expectativas son que la nueva administración interina, encabezada por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, se desempeñe apegada a los intereses estadounidenses, sin que la transición hacia un régimen democrático y de mayores garantías y libertades sea un requisito explícito.
Si bien era de esperarse, tan sólo le tomó unas horas después del golpe al magnate y presidente norteamericano para decir con todas sus letras que están ahí por el petróleo y que esperan que se les retribuya con creces, tanto literalmente en especie, como en términos de acceso a sus empresas para la extracción de crudo.
No hay que olvidar que los recientes casos de ocupación de Estados Unidos —so pretexto de liberar regiones de sus opresores— tienen elementos en común: décadas de ocupación sin beneficios significativos para la población, poca o nula democratización, pero, eso sí, petróleo, mucho petróleo.
Larga noche para la nación y sociedad venezolana.
