La UNAM se está adaptando a cambios, no sólo en el panorama político, que por lo demás son evidentes y requieren de atención, sino a transformaciones en todo el mundo que apremian en el mantenimiento de la calidad académica y de una potente capacidad de investigación. Inclusive está en marcha todo un proceso de reforma.
La Universidad Nacional, no sobra decirlo, es uno de los patrimonios sociales más relevantes; cuidarla y mejorarla debería ser el piso básico de acuerdos entre los diferentes grupos de interés.
La condición de autonomía y de su calidad está ligada más al presupuesto que a las propias modalidades que pueden tener las instituciones públicas de educación. Se les aprieta con dinero, para tratar de controlarlas, o por una supuesta austeridad que genera más daños que los que en teoría pretende arreglar.
Un aspecto que siempre produce debate, y por el que ha cruzado en diversos momentos, es el que tiene que ver con el gobierno de la propia Universidad y que básicamente responde a la pregunta de ¿quién elige a los rectores?
Los que participamos en el CEU planteamos, en algún momento, esquemas más democráticos para la elección de autoridades. Confundimos lo que se requería en el plano nacional, y que ahora está en riesgo de reversión, con lo que en realidad se necesita en una institución de Educación Superior.
La democracia directa, en el sentido puramente electoral, no es una solución en este caso, sino la antesala de toda clase de problemas.
La UNAM, desde hace décadas, ha sabido responder a los dilemas que implica la integración de sus autoridades más relevantes. La Ley Orgánica funcionó y funciona porque previene de conflictos y, sobre todo, de posibles capturas políticas.
No hay que engañarse, los rectores no vienen de otro planeta, muchos de ellos tuvieron afinidades sobre todo con el PRI, pero a la vez garantizaron la autonomía porque eran, ante todo, universitarios.
También los hubo, como Jorge Carpizo o el actual rector Leonardo Lomelí, a quienes no se les puede adscribir a alguna cofradía, aunque sí a un talante progresista y a un compromiso académico innegable.
Curioso que el primero de ellos haya enfrentado al movimiento estudiantil más vigoroso en la historia reciente, y el actual a una situación más que compleja que viene resolviendo con una escucha activa, la que es la base de todo diálogo productivo y provechoso.
La Junta de Gobierno, ese espacio colegiado en que 15 integrantes definen quiénes encabezarán escuelas, institutos y la propia Rectoría, son designados por el Consejo Universitario, lo que los dota de una legitimidad que, entre otras cosas, ha garantizado la estabilidad de la UNAM.
Para nada es poco, sobre todo si observamos experimentos más que fallidos como los ocurridos en las universidades autónomas de Sinaloa y de Guerrero.
Los gobiernos, de cualquier signo, suelen ver a las universidades públicas como un problema, en lugar de aprovechar que pueden ser la solución de no pocas urgencias.