Hay una crítica social profunda al periodo de la transición democrática en México.
Es un ánimo que se percibe en las urnas, en las encuestas y en el desgaste simbólico de todo lo que suene a aquella época. El Latinobarómetro muestra que los mexicanos valoran la democracia, pero no necesariamente el modelo que la administró en las últimas décadas. Y ahí está el punto incómodo: no existe un deseo mayoritario de volver a la transición tal como fue.
El modelo transicional tuvo un fuerte componente económico. Hubo apertura, crecimiento, movilidad, emprendimiento. Pero en la vida cotidiana la promesa no terminó de cumplirse. Sí, se ganó más, pero se trabajó más. Sí, hubo vivienda, pero lejos. Sí, hubo oportunidades, pero con precariedad. Sí, hubo crédito, pero con fragilidad y altas tasas de interés. Se modernizó el país, pero no necesariamente se hizo más justo ni más habitable.
Los pendientes de Marx
En lo político ocurrió una confusión mayor: se equiparó democracia con elecciones. Se asumió que alternancia y voto periódico bastaban. La cosa pública quedó en manos de élites políticas que, cuando sintieron que la ciudadanización implicaba más crítica y más exigencia, prefirieron administrar el poder antes que compartirlo, es decir, la transición no ciudadanizó lo suficiente.
Y cuando el ciudadano fue empujado a resolver en lo privado lo que debía exigir en lo público —seguridad privada, servicios autogestionados, soluciones individuales—, la reserva cívica comenzó a agotarse. Quien podía pagar, resolvía. Quien no podía, acumulaba frustración. Esa energía social terminó convertida en enojo. Y el populismo sabe administrar el enojo.
Aquí es útil recordar la reflexión de Joseph Stiglitz en Capitalismo progresista. Stiglitz advierte que el malestar contemporáneo no se explica sólo por cifras de PIB o crecimiento, sino por una fractura más profunda: la pérdida de dignidad económica y de sentido social. La transición global hacia economías de servicios y tecnología destruyó empleos industriales que no sólo proveían ingresos, sino identidad y estatus. Durante décadas, un hombre sin educación universitaria podía sostener a su familia desde la fábrica. Cuando ese modelo desapareció, no sólo se perdió salario; se perdió propósito.
Stiglitz conecta esa desindustrialización con una crisis más amplia: cuando el sistema deja de ofrecer una escalera creíble de ascenso, la frustración se vuelve autodestructiva. Cita incluso el fenómeno de las “muertes por desesperación” documentadas por Anne Case y Angus Deaton —suicidios, sobredosis, alcoholismo— como síntomas de una economía que rompe el contrato social. Las personas sienten que hicieron lo correcto, que trabajaron duro y siguieron las reglas, pero el sistema no les devolvió seguridad ni reconocimiento.
Ese vacío no queda políticamente neutral. Se llena.
Los populismos prometen regresar a un pasado idealizado: recuperar fábricas, restaurar jerarquías, devolver certezas. Stiglitz es claro: es una ilusión. Esos empleos no volverán como antes. Pero la nostalgia moviliza porque responde a una herida real.c
En México, el fenómeno tiene matices propios, pero la lógica es parecida. La transición prometió modernización y crecimiento. Muchos mejoraron su ingreso, sí. Pero lo hicieron con mayor precariedad, con más horas de trabajo o hasta doble trabajo, con más crédito pero más apretados, con más distancia entre vivienda y empleo, con menos red de seguridad. Se avanzó en mercado, pero no se consolidó un contrato social robusto.
Y cuando el contrato social se percibe roto, la democracia se debilita.
Stiglitz advierte algo crucial: si no se atienden las raíces económicas de la frustración, la democracia misma está en riesgo, porque un grupo social que siente que no tiene nada que perder se vuelve vulnerable a proyectos autoritarios. No porque odie la libertad, sino porque perdió la confianza en el sistema.
Ahí está el punto de contacto con México.
2018 no fue sólo un voto ideológico. Fue una respuesta a una sensación extendida de que el modelo había dejado a muchos atrás. Y mientras esa percepción persista, la defensa nostálgica de la transición seguirá siendo políticamente ineficaz.
El debate de fondo no es si debemos defender la transición como época. Es si somos capaces de construir ciudadanía como proyecto.
La democracia tiene más dimensiones que el voto: Estado de derecho, seguridad individual, competencia justa, libertad de organización, eficiencia pública, solidaridad social. En varias de esas dimensiones, la transición quedó a deber. Pero el populismo tampoco las ha resuelto; sólo las administra con retórica.
Entre la nostalgia y el autoritarismo hay un camino más exigente: el de la ciudadanía organizada.
Y ahí está la verdadera disputa.
Porque un ciudadano consciente incomoda al poder; un “Pueblo” tutelado lo fortalece. El primero exige, fiscaliza y participa. El segundo espera y delega a quienes “lo pueden”.
Si la oposición quiere ser alternativa, debe dejar de defender la transición como recuerdo y empezar a construir ciudadanía como estructura. Debe organizar, no sólo competir. Debe estar presente, no sólo registrarse.
En política, como en la democracia, la diferencia entre existir y permanecer se llama organización.
Y sin ciudadanía organizada, no hay futuro que valga.
