En política hay dos tipos de escándalo. El grande, que ocupa portadas durante meses y termina en tribunales o en grandes caídas. Y el pequeño, que no necesariamente es delito, pero revela algo más profundo: que quien ocupa el cargo ya no entiende el límite entre lo público y lo propio. Lo interesante es lo que cada sistema hace con ese segundo tipo.
Alemania ofrece un caso paradigmático. En 2012, el presidente federal Christian Wulff renunció tras revelarse que, años antes, había obtenido un préstamo privado de medio millón de euros en condiciones favorables gracias a un amigo empresario. También aceptó viajes y favores que, sumados, erosionaban la apariencia de imparcialidad. El punto no fue una fortuna ilícita.
Fue la sospecha de que la máxima figura simbólica del Estado había normalizado la cercanía indebida con intereses privados. Cuando además se supo que había intentado influir en un medio para frenar la publicación de la historia, la legitimidad ya estaba dañada. Renunció.
Un año antes, en 2011, el entonces ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg dimitió por plagiar partes sustanciales de su tesis doctoral. No se trataba de contratos públicos ni de dinero desviado. Se trataba de credenciales. En un país donde el título académico es parte del capital simbólico de un político, el plagio no fue leído como descuido, sino como una forma de fraude moral. La pregunta no fue si podía seguir administrando el Ejército, sino si podía seguir representando al Estado sin que cada decisión estuviera bajo sospecha.
En 2013, Annette Schavan, ministra alemana de Educación e Investigación, enfrentó una situación similar cuando su doctorado fue anulado por plagio. La responsable de la política científica del país quedó desacreditada en el terreno mismo que debía proteger. Renunció. La lógica era clara: el cargo no es propiedad personal; es un préstamo condicionado a la confianza.
Suecia vivió algo parecido en 1995. Mona Sahlin, entonces viceprimera ministra y favorita para liderar el gobierno, utilizó su tarjeta oficial para gastos personales, incluidos alrededor de unos 90 mil pesos mexicanos actuales, en consumos diversos, entre ellos una barra de chocolateToblerone que dio nombre mediático al caso. Pagó lo adeudado. No hubo enriquecimiento ilícito. Pero la discusión pública no giró en torno al monto, sino al hábito de manejar los recursos públicos como si fueran propios. Renunció a su aspiración de encabezar el gobierno. El escándalo era pequeño en cifras, pero grande en símbolos.
En América Latina también hay ejemplos donde la permanencia se volvió insostenible. En 2019, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dejó el cargo tras la filtración de un chat privado con colaboradores en el que se burlaba de periodistas, opositores y víctimas del huracán María. No era un caso de desvío presupuestal. Era un problema de tono, de desprecio. Las protestas masivas no exigían una auditoría técnica; exigían un límite moral. Y ese límite fue la renuncia. Lo que une estos episodios no es la pureza de los sistemas, sino la existencia de un umbral.
Cuando ese umbral funciona, el funcionario entiende que quedarse puede costarle más a la institución que irse. Donde no existe, el cargo deja de ser responsabilidad y se convierte en trinchera. Ahí donde nadie se quiere ir, el puesto deja de ser institución y se vuelve botín. Y entonces el verdadero escándalo ya no es el hecho original, sino la obstinación por permanecer.