El 22 de febrero de 2026 quedará marcado en nuestra historia como el día en que el Estado mexicano finalmente decidió actuar sin miedo a las consecuencias. El operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no sólo cerró su ciclo como el líder criminal más poderoso de México, abrió otro capítulo más complejo: los efectos colaterales.
El golpe estratégico al Cártel Jalisco Nueva Generación trajo consecuencias con pérdidas millonarias en muchos ámbitos y especialmente para el comercio, formal e informal.
Al menos 10 estados del país levantaron una alerta roja, frente a bloqueos y disturbios en diversas localidades de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Veracruz.
Conciertos de populares cantantes y bandas, fueron cancelados en Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Puebla o Nayarit, así como eventos deportivos aplazados por motivos de seguridad.
El golpe fue directo a industrias que dependen de la certeza logística y de la confianza de un público para programar fechas, vender boletos y movilizar recursos.
El sector comercial y de servicios está pagando una factura muy elevada. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que la violencia desatada dejó pérdidas —en cálculos preliminares— de hasta 2 mil millones de pesos, impactando a cerca de 1 millón de negocios.
Quizá la cifra más escandalosa fue la relacionada con Femsa y su cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, que cerró temporalmente hasta 6,000 tiendas que representan aproximadamente el 25% de su red nacional.
Un impacto inédito desde el inicio de sus operaciones, porque no es sólo el servicio cotidiano que brindan, sino su función como microcentros económicos de barrios, zonas urbanas y carreteras, que generan empleos y movimiento comercial. Todo quedó paralizado.
Las alertas y advertencias internacionales para viajeros ante las recomendaciones de algunos gobiernos de extremar precauciones o reconsiderar desplazamientos en zonas determinadas.
Y es que el turismo es extremadamente sensible a cualquier señal de riesgo. Basta una alerta para que se cancelen reservaciones y con ello el movimiento económico.
Ir tras El Mencho iba a ser costoso de cualquier manera, pero también era la única forma de demostrar, en un momento de presión extrema, que el Estado sí puede ser más fuerte que el crimen organizado.
Más allá de arreglos del pasado, colusiones y omisiones, el Estado no podía seguir posponiendo una decisión que sólo podía ir en función de la seguridad de millones de ciudadanos mexicanos, que han vivido por años en el terror.
Haber claudicado antes por miedo a las consecuencias, envió un mensaje que sólo empoderó al crimen organizado, que quedó convencido de poder “doblar” al Estado y esa herida simbólica no ha terminado de cerrar.
Pero esta vez el cálculo tuvo que ser distinto y poco importa en realidad quién fue el padre biológico de la operación, si se logró exterminar a un verdadero padre del terror. Esta vez no se abortó la misión.
El nuevo mensaje marca una diferencia y ojalá trace la nueva ruta de gobierno de la Presidenta Sheinbaum, capaz de sostener la presión, interna y externa, y apostar por la pacificación, cueste lo que cueste, más que a la complicidad, como lo hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Concluir una operación de alto impacto envía un mensaje contundente, interno y externo. Interno, hacia las propias estructuras criminales: la capacidad de respuesta existe.
Externo, hacia la ciudadanía y la comunidad internacional: el Gobierno está dispuesto a asumir costos a corto plazo, para establecer estabilidad a largo plazo.
El reto es que esa determinación no quede en el gesto inicial, porque la paz no se decreta con un operativo, se construye con presencia institucional sostenida, inteligencia financiera y reconstrucción del tejido social.
El 22 de febrero marcó un punto de quiebre, pero no un punto final. No hay marcha atrás, la señal de firmeza no puede ser un episodio aislado, sino uno sostenido.
Después de semejante golpe y sus consecuencias —que aún no terminamos de ver—, la lógica exige el ajuste a un plan nacional de seguridad.
Uno que garantice la paz, los comercios abiertos, las escuelas enseñando, la luz en los estadios y el balón rodando, y la música sobre los escenarios, sin temor.
Que sea la delincuencia la que se sepa amenazada, no el resto de los ciudadanos…
