Hace unos días el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió, a través de su cuenta de X, que se apoyara donando a una cuenta para poder ayudar a Cuba, realmente a la dictadura cubana.
En este espacio les decía que hacerlo podría traer consecuencias para el donante, ya que Estados Unidos lo puede acusar de estar financiando a una organización terrorista.
Lo que sucede es que desde 1982 Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, no como una organización en sí, sino como un país que apoya y alberga a grupos considerados terroristas.
Durante 2015, el gobierno de Barack Obama retiró a Cuba de esta lista como parte de un proceso de mejora en las relaciones entre ambas naciones. Pero en 2021, cuando Donald Trump estaba por terminar su primer mandato, reincorporó a Cuba en esta lista de patrocinadores del terrorismo. Hoy, Cuba no está catalogada al nivel de Al Qaeda, ISIS, el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero sí se le acusa de dar refugio y apoyo a grupos catalogados como tales.
Lo cierto es que hacer donaciones a Cuba no debería ser ilegal, pero hay una línea en la que se debe tener mucho cuidado, porque si hay intermediarios sancionados, o si a quien le donas y quien distribuye esa ayuda está en la lista del Tesoro de Estados Unidos, las repercusiones pueden ser graves.
La dictadura cubana no sólo enfrenta cuestionamientos políticos, también está formalmente dentro del sistema de sanciones del gobierno de Estados Unidos. A través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), Cuba está sujeta a las Cuban Assets Control Regulations (CACR) (31 CFR Part 515), un entramado legal que, desde hace más de seis décadas, limita de manera estricta cualquier relación económica con el régimen.
LAS CONSECUENCIAS
Esto no es menor: implica que los activos del gobierno cubano bajo jurisdicción estadounidense están bloqueados y que cualquier operación, transferencias, inversiones o comercio, requiere autorizaciones específicas. Es una prohibición con consecuencias legales.
Además, como les decía, Cuba permanece en la lista de State Sponsors of Terrorism, lo que eleva aún más el nivel de riesgo para cualquier flujo de recursos.
En términos claros: quien financie, directa o indirectamente, al régimen cubano desde espacios vinculados a Estados Unidos puede enfrentar sanciones severas.
Estados Unidos te puede poner o quitar de la lista según lo estime pertinente, pero mientras alguien está en la lista no puede hacer ninguna transacción con nadie que esté ligado al sistema financiero. Esto va desde hospedarse en un hotel con inversión estadounidense hasta utilizar plataformas digitales con capital de Estados Unidos.
Pongamos un ejemplo. ¿Cuáles son las sanciones para alguien que está en la lista de la OFAC?
En 2017 se dio a conocer que Rafa Márquez y Julión Álvarez estaban incluidos en la lista de la OFAC, y su vida sin duda se empezó a complicar. Aparecer en esa lista es casi una muerte civil.
El gobierno de Estados Unidos ejecutó acciones contra sus bienes: congeló cuentas bancarias en la Unión Americana, confiscó propiedades y les retiró la visa para entrar a ese país. Además, cortó todo acceso o relación comercial con empresas o ciudadanos estadounidenses, bajo pena de sancionar también a esas empresas.
El caso de Rafa Márquez es ilustrativo: sin saberlo, su contador había invertido en un negocio con un socio señalado por autoridades estadounidenses. Finalmente fue retirado de la lista, pero mientras estuvo ahí fue una pesadilla.
En este mundo global, casi todas las empresas importantes tienen relación con el sistema financiero de Estados Unidos. Si alguna de ellas tiene relación con alguien que esté en la lista del Tesoro, incurre también en responsabilidad.
Tampoco pueden operar con ellos empresas financieras mexicanas, por acuerdos firmados hace años entre la Secretaría de Hacienda y la OFAC.
Julión Álvarez, mientras aclaraba su situación, tuvo que cancelar conciertos en Estados Unidos y dejó de recibir regalías de plataformas como Spotify o iTunes, ya que ambas tienen operaciones vinculadas a ese país.
Su disquera, Fonovisa Records, una compañía estadounidense, tuvo que retirar su música de esas plataformas para no ser sancionada. Incluso, en el caso de Spotify, empresa sueca, la salida de Álvarez se explica por sus vínculos con empresas estadounidenses como Facebook.
Sin entrar al fondo de su responsabilidad, hay un punto claro: estar en la lista de la OFAC es una muerte civil.
Para castigar a criminales, Estados Unidos no aplica una sola ley, sino un conjunto de normativas, sanciones económicas y regulaciones bancarias que prohíben vínculos con terroristas, organizaciones terroristas o países que patrocinan el terrorismo.
Estas leyes prohíben estrictamente relaciones comerciales con entidades designadas como organizaciones terroristas extranjeras. Quien lo haga puede enfrentar sanciones civiles y penales severas.
También existen sanciones para países patrocinadores del terrorismo. Es el Departamento de Estado quien las designa, e implica embargos comerciales severos donde casi todas las transacciones están prohibidas. Actualmente aplica para Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros.
El Departamento del Tesoro puede sancionar a bancos o empresas que negocien con cárteles o grupos designados.
Hoy, aunque Cuba no esté designada como organización terrorista, sí está sujeta a un régimen muy estricto de sanciones bajo las CACR y, además, figura como Estado patrocinador del terrorismo.
Esto implica que cualquier transferencia, donativo o apoyo económico puede violar directamente las reglas administradas por la OFAC, incluso si quien envía los recursos no tiene ninguna intención criminal.
La ley no sólo castiga la intención, sino el hecho de canalizar fondos hacia entidades restringidas, lo que puede derivar en congelamiento de activos, multas elevadas o incluso consecuencias penales.
Lo cierto es que quien done sin entender el destino del dinero puede terminar en la mira de sanciones internacionales.
Sin deberla ni temerla, podrías enfrentar consecuencias legales por financiar, aunque sea indirectamente, a un régimen sancionado.