A un mes de la celebración de las elecciones presidenciales primarias en Perú, todavía la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha concluido el cómputo de la totalidad de las boletas de los comicios. Con más de 98% computado, Keiko Fujmori sigue a la delantera con más del 17%. Detrás de ella, Roberto Sánchez con más del 12%, aunque el segundo lugar permanece en disputa entre este último y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
La diferencia entre los dos candidatos que se disputan el segundo lugar es de unos 30,000 votos, por lo que hasta que no se complete más del 99%, no se declarará oficialmente el resultado. Para complicar las cosas, el Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado una “auditoría informática integral con expertos independientes y técnicos de organismos internacionales”.
De acuerdo con el calendario electoral peruano, el 7 de junio está prevista la segunda vuelta presidencial, en la que Fujimori se enfrentaría a Sánchez o López Aliaga. El anuncio de la mencionada auditoría abre la posibilidad de que el balotaje se posponga y, por tanto, se extienda el periodo presidencial interino de José María Balcázar Zelada, quien lleva menos de tres meses en el gobierno.
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Es inevitable asociar la alteración del calendario electoral en el Perú con la tremenda fragmentación del campo político en ese país, que hemos comentado varias veces aquí. Dicha atomización, que se verifica en decenas de partidos en el Congreso y no menos candidaturas presidenciales, en cada contienda, produce ya no una falta de hegemonías claras sino de mayorías relativas, que establezcan un orden visible en la representación y la competencia por el poder.
A estas alturas, no parece descartable, como ha señalado el politólogo peruano Alberto Vergara, que esa fragmentación esté moldeando una cultura política que, en la práctica, va más de allá del llamado “presidencialismo parlamentarizado” o “mixto” o “atenuado”. Desde el presidencialismo peruano, se fue incubando, especialmente en la última década, a partir de la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, un parlamentarismo de facto y esa mutación ha dado lugar a la actual intrascendencia de la figura presidencial.
Después de Kuczynski, ninguno de los siete presidentes que le siguieron ha cumplido en el poder los cuatro años del periodo presidencial. La que más tiempo permaneció en el poder fue Dina Boluarte, que era una mandataria interina, como los dos que la han sucedido, José Jerí y el citado José María Balcázar. La permanencia desmedida de Boluarte respondió al acomodo del poder real en un Congreso de muchas minorías, obligado a pactarlo todo.
No es la primera vez que un presidencialismo produce repúblicas sin presidentes en América Latina. En el siglo XIX, en épocas del presidencialismo con facultades extraordinarias o poderes emergentes, había caudillos que no necesitaban la silla presidencial, como Juan Manuel de Rosas en Argentina, o que la abandonaban de tanto en tanto, como Antonio López de Santa Anna, para refugiarse en su finca y encabezar la defensa del país.
Hoy la presidencia pierde funcionalidad y protagonismo en Perú, no porque haya un evidente absolutismo caudillista, como en el siglo XIX, o porque se haya dado una real transición a un régimen parlamentario, como la que se promovía en círculos académicos durante el arranque de las transiciones democráticas de fines del siglo XX. Lo que ha sucedido en Perú es la implosión del régimen presidencialista sin un verdadero tránsito a otro régimen.
Esa falla institucional podría complicar la segunda vuelta, en caso de un empate o una polarización, poco probables, pero también en caso de que Fujimori o Sánchez ganen sin una clara mayoría. Fujimori tendría mayor respaldo congresional, pero de ganar Sánchez el balotaje, con escasa fuerza parlamentaria, podría repetirse la historia de su mentor: Pedro Castillo.
