El pasado 10 de abril, la Presidenta de la República publicó el decreto que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas.
A partir de dicho decreto, ningún servidor público de confianza, federal, estatal o municipal, obtendrá una pensión superior a la mitad de la remuneración establecida para el Ejecutivo federal (Art. 127, fracción II y fracción IV, de la CPEUM). Quedan excluidas de lo previsto las Fuerzas Armadas (Art. 127, fracción IV, párrafo 4º.CPEUM) y otros grupos.
El Diccionario de la Real Academia Española señala que la pensión es la cantidad periódica que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudez, orfandad o incapacidad; mientras que la jubilación es la acción o efecto de jubilar o jubilarse o, la pensión que recibe un jubilado, quien ha cumplido el ciclo laboral establecido para ello. Hay correspondencia significativa con el alcance jurídico mexicano.
Con esta reforma constitucional y decreto, el Gobierno busca subsanar su mala administración, la corrupción e impunidad, quitando sus recursos a los jubilados. La acción es un daño grave, moral, jurídico, económico y social, para quienes dedicaron su vida laboral, esfuerzos y conocimientos a Pemex, CFE o la banca de desarrollo. Como consecuencia, habrá retiro anticipado de personal altamente capacitado o mayor corrupción, ante el robo gubernamental de su bienestar futuro y derechos laborales.
Previamente, el Gobierno exhibió con falsedad la supuesta existencia de jubilados que cobraban más de un millón de pesos al mes; siendo en realidad pocos en relación al escándalo que quiso inducir de pensiones doradas para infundir un discurso de odio en la sociedad, que la divida y la confronte.
También estableció un supuesto beneficio de ahorro de 5 mil millones de pesos al año, para enfrentar la deuda pública proyectada para 2026 de 20.6 billones de pesos, por un aumento acumulado en los últimos ocho años de 10 billones de pesos y de 3.7 billones de pesos en los últimos dos años. Busca compensar pérdidas por 600 mil millones de pesos vía huachicol fiscal o costos de obras gubernamentales improductivas, tales como Dos Bocas, AIFA, Mexicana, Tren Maya. Además ha tomado el 30% de las Afores.
En suma, afecta la igualdad social y viola principios constitucionales establecidos como el de justicia, igualdad, equidad y seguridad sociales, de retroactividad y contratos laborales, provocando daños en la propia gobernabilidad. Es riesgo para la seguridad nacional mexicana.
Esperamos que el Gobierno se haya basado en diagnósticos técnicos, claros y precisos. Pues el decreto propicia el desequilibrio social, la discriminación, la desigualdad de derechos humanos y laborales, deja fuera de su aplicación a los poderes legislativo y judicial, las fuerzas armadas y los sindicalizados; socava el Estado de derecho, atenta contra la vida y el patrimonio de una población vulnerable, de la tercera edad, la coloca en estado de indefensión. ¿Después, qué otra población seguirá?