BAJO SOSPECHA

A Shakira le regresan “la deuda en Hacienda”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Shakira ya no sólo factura, ahora también gana en los tribunales. La Audiencia Nacional en España ordenó a la Agencia Tributaria devolverle más de 55 millones de euros, unos 64 millones de dólares. Es el dinero que Shakira tuvo que pagar y que se definió en el juicio penal donde se le acusó de que en 2011 era residente fiscal de España y que no había cumplido con sus obligaciones fiscales.

Ahora, tras esta resolución, la justicia española concluye que Hacienda se equivocó al exigirle ese pago de impuestos y que debe devolverle ese monto.

Durante años, Shakira sostuvo una batalla enorme contra la hacienda española. La acusaban de haber sido residente fiscal en España y, por lo tanto, de deber millones de euros en impuestos. El argumento de las autoridades era que la cantante había pasado en territorio español el tiempo suficiente para tributar como residente, mientras ella insistía en que no era cierto, que no había permanecido en España los días que le imputaban y que ya había pagado impuestos en los países donde correspondía.

HISTÓRICO TRIUNFO

LA CANTANTE colombiana en el Zócalo de la CDMX, el pasado 2 de marzo. ı Foto: Cuartoscuro

El caso escaló hasta la vía penal. Ahí la presión fue brutal. Shakira enfrentaba no sólo un juicio mediático, sino también la posibilidad de una condena de prisión. Bajo ese escenario, decidió llegar a un acuerdo y pagar millones de euros para cerrar el proceso y evitar un desgaste todavía mayor para ella y su familia.

¿Recuerdan la estrofa de la canción que Shakira le canta a su exesposo Gerard Piqué donde dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”?

El tema del pago a Hacienda de millones de euros fue muy complicado para Shakira y terminó trasladándose a su vida personal. Para ella, Piqué la dejó sola enfrentando este problema, mientras la cantante estaba amenazada incluso con llegar a prisión si no cumplía con el pago que le exigían.

Finalmente, la justicia española le dio la razón a la cantante y ordenó devolverle más de 55 millones de euros que Hacienda le había cobrado indebidamente. La deuda, que Shakira asegura fue parte de una persecución pública, ahora se convierte en una victoria judicial.

En el caso de Shakira, su defensa siempre sostuvo que el pago fue una decisión tomada bajo la presión de un proceso penal, no porque aceptara haber defraudado deliberadamente al fisco español.

El punto central del caso era determinar si Shakira debía ser considerada residente fiscal en España durante ese año. Para ello, la ley establece que una persona debe haber permanecido más de 183 días en territorio español. La autoridad fiscal sostuvo que la cantante había superado ese plazo y, por lo tanto, debía pagar impuestos como residente. Pero el tribunal determinó que Shakira estuvo en España sólo 163 días, es decir, 20 días menos de los necesarios para que Hacienda pudiera cobrarle como si viviera fiscalmente en ese país.

La última gira de Shakira nació, según personas cercanas a la cantante, con el objetivo de volver a capitalizarse después de años de desgaste legal y de pagos de impuestos.

La presión fiscal había sido enorme. Shakira había enfrentado acusaciones, procesos, multas, intereses y acuerdos que la obligaron a desembolsar millones de euros para evitar un juicio penal más largo y el riesgo de una condena.

Y así es como regresó a los escenarios. La gira Las mujeres ya no lloran World Tour se pensó como una forma de volver a facturar, de recuperar terreno y de demostrar que Shakira seguía siendo una de las artistas más grandes del mundo.

También se mudó a Miami, Florida, para ser residente fiscal ahí y no en España.

Shakira y sus representantes calificaron el fallo como “decisivo e histórico”. La cantante fue más allá y aseguró que, después de más de ocho años de señalamientos públicos, campañas para destruir su reputación, noches sin dormir y afectaciones a su salud y a su familia, la Audiencia Nacional finalmente puso las cosas en su lugar.

“Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado”, dijo Shakira, al señalar que su nombre y su imagen pública fueron utilizados para enviar un mensaje intimidatorio al resto de los contribuyentes. “Hoy, esa narrativa se derrumba con toda la fuerza de una resolución judicial”, afirmó.

El fallo, sin embargo, se refiere únicamente al ejercicio fiscal de 2011. No corresponde al caso penal distinto que Shakira enfrentó por los años 2012, 2013 y 2014. En ese proceso, en 2023, la cantante llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Barcelona. Admitió los cargos y aceptó pagar la cantidad reclamada, además de una multa, para evitar ir a juicio y enfrentar una posible condena de prisión.

En aquel momento, los fiscales pedían más de ocho años de cárcel si era declarada culpable de seis delitos fiscales. Para cerrar el proceso, Shakira pagó alrededor de 17.5 millones de euros, que incluían impuestos, intereses y una multa de 7.3 millones de euros. También aceptó sustituir la posible pena de prisión por el pago de sanciones económicas adicionales.

Por eso esta nueva resolución tiene un peso especial. Aunque se trata de otro año fiscal, el fallo muestra que la cantante sí tenía argumentos sólidos frente a Hacienda y que no todo lo que se le exigió estaba jurídicamente sustentado. Shakira ha sostenido que durante años fue sometida a una presión enorme, no sólo legal, sino también mediática y personal.

La historia deja una lectura de fondo: una cosa es pagar para evitar el riesgo de una condena penal, el desgaste de un juicio y la amenaza de prisión; otra muy distinta es que la autoridad haya tenido razón en todo lo que reclamaba.

En el caso de 2011, Hacienda tendrá que admitir que se equivocó y devolverle su dinero a Shakira.

La cantante, que durante años fue señalada como símbolo de una supuesta evasión fiscal, hoy obtiene una reivindicación pública y millonaria. La artista colombiana ganó una batalla judicial que obliga a España a devolverle decenas de millones de euros.

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