El nombre de José Ramón Abraham Matuk no sólo está ligado a contratos de blindaje y arrendamiento vehicular durante los años de Felipe Calderón, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino; también figura en organigramas elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera que trazan la red de operaciones del llamado “superpolicía”, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Pese a ello, José Ramón sigue haciendo negocios en el país y su nombre seguiría vinculado a presuntas irregularidades, malas prácticas, supuestos actos de corrupción y contratos públicos, una combinación preocupante cuando sobre él pesan antecedentes documentados de vínculos con personajes clave de uno de los periodos más oscuros del aparato policiaco federal.
Su cercanía histórica debería ser, cuando menos, motivo suficiente para aplicar filtros extraordinarios de revisión financiera, operativa y de integridad. Sin embargo, pareciera ocurrir exactamente lo contrario.
Según diversas fuentes, en el puerto de Lázaro Cárdenas habría una flotilla de autobuses detenida presuntamente vinculada a los negocios del empresario. Las versiones recabadas aseguran que las unidades habrían quedado retenidas por un adeudo cercano a los 300 millones de pesos con MG, marca encabezada en México por Daniel Nava. La deuda, nos comentan, sería a través de Grupo Loialt, distribuidora dirigida por Héctor Manuel Cruz Martín del Campo y considerada una de las principales socias comerciales de MG Motor en el país.
Las versiones a las que se tuvo acceso señalan que Abraham Matuk, ligado a Grupo Loialt y a la firma Sunwin de México, habría adquirido autobuses Sunwin mediante una línea de crédito. Sin embargo, alrededor de 50 unidades presuntamente resultaron afectadas por inundaciones mientras permanecían en el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que las habría dejado inservibles, sin cobertura de seguro y sin liquidarse. A ello se sumarían adeudos pendientes por otras 60 unidades que, supuestamente, continuarían retenidas en el puerto sin haber sido liquidadas. Según refieren, esta situación ha derivado en retrasos e incumplimientos en los tiempos de entrega comprometidos.
También han surgido versiones que relacionan al empresario con las investigaciones abiertas tras el aseguramiento, en marzo pasado, de dos camionetas con modificaciones de blindaje, 33 vehículos de transporte público foráneos y placas con reporte de robo en un inmueble ubicado en Azcapotzalco. No hay que perder de vista que el señalado, José Ramón Abraham Matuk, es el mismo que presume Rolls-Royce, departamentos en Sunny Isles Beach y fotografías con celebridades en redes sociales. Un perfil con antecedentes controvertidos que, aun así, continúa encontrando puertas abiertas para proveer vehículos y participar en proyectos de movilidad.
Voz en off. Después de ocho meses de huelga, operaciones detenidas en todo el país, miles de usuarios afectados y una crisis que parece no tener fin, el Patronato de Nacional Monte de Piedad decidió mover una pieza en la cúpula directiva al nombrar a José Antonio Murillo Garza como nuevo director general. El problema es que el relevo llega cuando la institución enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente y cuando muchos se preguntan si cambiar al director realmente resolverá algo o simplemente busca desviar la atención del verdadero problema: la incapacidad del Patronato para alcanzar un acuerdo con sus trabajadores y poner fin a un conflicto laboral que ya acumula ocho meses de desgaste. En términos empresariales, pocas organizaciones podrían sobrevivir tanto tiempo con sus operaciones paralizadas sin enfrentar severas consecuencias reputacionales, financieras y sociales. Nacional Monte de Piedad no es una empresa cualquiera; durante décadas ha sido una institución fundamental para miles de familias que recurren al empeño como una alternativa inmediata de financiamiento. Sin embargo, mientras el conflicto se prolonga, la institución ha permanecido prácticamente ausente de su misión principal. El nombramiento de Murillo Garza ocurre en medio de cuestionamientos sobre la estrategia seguida por el Patronato, que hasta ahora no ha logrado construir las condiciones necesarias para resolver una huelga que ya es una de las más largas y visibles del sector de asistencia privada en México. El nuevo director habla de diálogo, de construir puentes y de fortalecer capacidades institucionales, pero la realidad es que hereda una organización con una crisis laboral abierta, una reputación golpeada y una creciente presión para demostrar resultados. El verdadero desafío no será emitir mensajes de conciliación ni diseñar planes de largo plazo; será lograr lo que la administración anterior y el propio Patronato no han conseguido durante meses: sentarse a negociar y resolver un conflicto que mantiene cerradas las puertas de una institución histórica. Porque después de ocho meses de parálisis, el mercado, los trabajadores y los usuarios difícilmente evaluarán a la nueva administración por sus discursos. La medirán por su capacidad para reabrir las operaciones y devolver a Nacional Monte de Piedad la relevancia social que ha perdido mientras la huelga sigue consumiendo tiempo, credibilidad y confianza...
Sobre advertencia...
