Lo mismo en redes sociales, medios de comunicación o foros académicos de las ciencias sociales, circulan premisas irreductibles que distorsionan el pasado, el presente y, por tanto, las opciones de futuro para Cuba. Lamentablemente, esos dogmas teológicos, formulados desde categorías absolutas del bien y el mal, se refuerzan entre políticos cubanos y cubanoamericanos.
La primera de esas premisas posee una formulación disyuntiva: o bien, después del 1 de enero de 1959, la Revolución cubana produjo el mejor modelo social, no sólo de Cuba sino de toda América Latina y el Caribe y la mayoría del Tercer Mundo, o bien produjo la peor dictadura de todos los tiempos en la región: el castrismo. De acuerdo con esa premisa, esas dos cosas, llamadas con nombres contradictorios, la Revolución y el castrismo, continúan vigentes.
La segunda premisa teológica es la que atribuye a cada bien y a cada mal rotundos culpables. No causas concretas y actores más o menos responsables, sino culpables absolutos: Fidel Castro o el imperialismo yanqui, el comunismo o el bloqueo estadounidense, la incapacidad del pueblo cubano para gobernarse o la voracidad de las potencias globales.
La tercera premisa teológica, derivada de las dos primeras, supone que como todo bien y todo mal, su diseño y ejecución deben considerarse proezas heroicas o crímenes horrendos. Para los partidarios de la Revolución supuestamente vigente, el gobierno cubano y sus líderes históricos, Fidel y Raúl, tendrían que ser reverenciados como ídolos de la emancipación latinoamericana. Para los detractores del castrismo, que estaría tan vivo como en 1960, 1980 o 2010, dicho régimen y sus representantes son asesinos que tendrían que ser sometidos a la justicia.
Ese discurso teológico-jurídico siempre ha subyacido a la tensa relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba y al no menos tenso vínculo entre la isla y la diáspora. Las reclamaciones mutuas entre La Habana y Wa-shington suman millones y millones de dólares y los procesamientos potenciales o reales, como el que se intenta ahora a Raúl Castro, han sido muy frecuentes a lo largo de la historia de este diferendo de casi siete décadas.
Al final, cada una de estas tres premisas y sus proyecciones jurídicas no hacen más que tergiversar la historia misma del país y de sus relaciones internacionales. De acuerdo con esas premisas, por ejemplo, sería inconcebible que entre 1970 y 1990, Cuba, bajo su inscripción al sistema soviético, hubiese alcanzado índices de desarrollo humano de los más altos en América Latina y el Caribe. También sería inconcebible que la más profunda caída de esos indicadores, de 2018 para acá, que colocan a Cuba al nivel de Haití, no provenga, en lo fundamental, de las sanciones de la administración Trump o del cerco energético, acatado por Rusia, China, México y otros supuestos aliados de Cuba.
El peso de esos imaginarios complica tremendamente la búsqueda de soluciones prácticas a la parálisis de la isla. Por ejemplo, el gobierno cubano parece incapaz de promover iniciativas en sus embajadas y consulados latinoamericanos que vayan más allá del llamado a la “solidaridad” o la promoción continuista o inmovilista del modelo cubano. Por su parte, el exilio tradicional y buena parte de la oposición de la isla no quieren, o no pueden, tomar distancia de escenarios confrontativos o fratricidas como una intervención militar.
Si lo que cada bando enfrenta es una epifanía del mal, nada más lógico que las opciones extremas sean predominantes. De un lado, la perpetuación del mismo modelo represivo. Del otro, la destrucción y el rediseño de un régimen, que sufrirá la misma mayoría que ahora debe enfrentar las peores consecuencias de este prolongado conflicto. Tal vez, sea hora ya de suspender la teología de la historia y la judicialización de la política y pactar la salida menos costosa para la ciudadanía de la isla.
Narco e injerencismo
