Hablar hoy de democracia ya no es retórica, sino urgencia cívica. Es el pilar que hace posible la libertad, la justicia, la verdad y el trato igualitario. Pero no se sostiene sola: requiere contrapesos reales, libertades protegidas e instituciones capaces de resistir la captura del poder. Hoy, esos cimientos muestran un deterioro alarmante en nuestro país.
Se hostiga a medios, se desacredita a voces críticas y se normaliza un clima en el que ejercer el periodismo puede costar la vida. La frase del padre de Roxana Guzmán —“si la labor de ser periodista es que te van a matar, no va a haber nunca periodistas”— no sólo sacude: retrata con crudeza el país que hemos permitido construir. A ello se suma el debilitamiento de instituciones clave. La desaparición del Inai eliminó un contrapeso esencial para garantizar el acceso a la información pública, mientras que el deterioro de Conapred y la pérdida de credibilidad de la CNDH confirman una misma tendencia: desmontar, pieza por pieza, los mecanismos que deberían proteger a la ciudadanía frente al abuso.
Hace poco escuché una fase de democracia que, aunque provocaba una sonrisa, encerraba una verdad profunda: es el sistema en el que la ciudadanía nunca está del todo conforme. Y esa incomodidad no es una falla, es una señal de vitalidad. En una democracia viva, siempre habrá desacuerdo, inconformidad y exigencia. Al día siguiente de una elección, una parte del electorado impugna el resultado; un año después, incluso muchos de quienes votaron por la opción ganadora se sienten decepcionados. Así funciona una sociedad plural: como un espacio de disputa, de crítica y de corrección permanente.
Como fuere, por fin
La pluralidad no debilita la democracia: la fortalece. Más voces significan más debate y más capacidad de corregir el rumbo; el peligro real está en sofocarlas. México se acerca, de forma preocupante, a una lógica de concentración política propia de los peores episodios del autoritarismo latinoamericano. La cooptación institucional, el debilitamiento de los contrapesos y la desconfianza frente a toda crítica dibujan un panorama cada vez más adverso para la vida democrática.
En ese contexto, que el registro de partidos como Somos México continúe en suspenso no es un asunto menor ni un simple trámite administrativo: es una prueba decisiva para saber si todavía creemos en la pluralidad o si estamos dispuestos a cancelarla. Su registro no sólo depende del cumplimiento de requisitos legales; también encarna la defensa de un principio democrático fundamental: abrir paso a más participación, más competencia y más opciones para la ciudadanía. Negarlo implicaría insistir en una ruta de cerrazón política que empobrece al país. De ahí la urgencia de que el Tribunal Electoral resuelva de una vez por todas y deje de postergar el asunto en la agenda. De seguir así, hablar de una democracia sostenida con palitos dejará de ser una metáfora para convertirse en un diagnóstico.
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