“Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”, prometió José López Portillo en tiempos de crisis. Medio siglo después, la frase parece mutar con amarga ironía: Ya nos mintieron… y nos volverán a mentir. El episodio alrededor de la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada revela, más que certezas judiciales, una madeja de versiones oficiales que no embonan. Y cuando las piezas no encajan, alguien falta a la verdad.
El Gobierno mexicano dice haberse enterado, por una nota periodística, de que el FBI presume en una exposición la aeronave utilizada para detener al capo sinaloense hace casi dos años. La sola escena resulta desconcertante: una potencia exhibe el trofeo y aquí apenas se revisan archivos que se daban por cerrados. Expedientes guardados bajo la premisa de que “ya nos habían informado” lo ocurrido —o lo no ocurrido— en Jesús María, Sinaloa.
En aquel lugar se cruzaron traiciones, ejecuciones y versiones encontradas entre los hijos de Joaquín Guzmán, El Mayo —quien sostiene que acudía a ver a Rubén Rocha Moya— y el exrector Melesio Cuén. De ese torbellino salió, rumbo a Nueva York, un criminal de alto perfil que el próximo 20 de julio podría recibir cadena perpetua. Dos años después, el misterio no es cómo terminó allá, sino quién dijo la verdad aquí.
Mientras tanto, Sinaloa ha vivido una guerra intestina con saldo de ejecuciones públicas en Culiacán, detenciones y deportaciones exprés a Estados Unidos, y presuntos arreglos para proteger a familiares de los llamados Chapitos. En medio del fuego cruzado, el gobernador Rocha Moya permanece políticamente disminuido, pero libre.
Y la federación se pregunta ahora quién mintió: ¿el entonces embajador Ken Salazar?, ¿el exfiscal Alejandro Gertz?, ¿las agencias estadounidenses?, ¿Washington en conjunto?
La respuesta oficial insiste en mirar hacia atrás, a los supuestos pactos de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón con el Cártel de Sinaloa. Es una narrativa útil para deslindar responsabilidades presentes. Pero la pregunta de fondo sigue intacta: si hace dos años se ocultó información relevante sobre un hecho de esta magnitud, ¿por qué deberíamos creer que hoy sí se nos cuenta todo?
El propio Ken Salazar ha dicho que no fue “nuestro avión, ni nuestro piloto ni nuestra operación”. Una frase que aclara poco y abre más dudas. En este expediente abundan la reserva, el sigilo y la bodega institucional. Tal vez el verdadero agravio no sea sólo la captura opaca de un capo, sino la confirmación de que la verdad oficial es maleable.
Porque cuando la transparencia depende de filtraciones y no de rendición de cuentas, el Estado se debilita. No es un asunto partidista, sino de confianza pública. Sin claridad sobre lo ocurrido, cualquier versión será sospechosa. Y un país que duda de su propia verdad oficial (como en la guardería ABC, Ayotzinapa, San Fernando, estación migratoria en Ciudad Juárez y un largo y doloroso etcétera) camina, inevitablemente, hacia el descrédito institucional.
Rocha pasa lista de presente
