La escena es dolorosamente frecuente. La violación de los derechos humanos de mexicanos que residen en Estados Unidos. El episodio más reciente resulta especialmente grave, pues se trató del asesinato de un connacional a manos de fuerzas del orden. Su muerte se suma a decesos recientes de otros 16 mexicanos en centros de detención migratoria y durante operativos.
La Presidenta Sheinbaum llamó al Congreso y a los partidos políticos a formar un frente común en defensa de los migrantes. El llamado parece, en principio, difícil de objetar. La defensa de la diáspora debería formar parte de la política de Estado de cualquier nación, más allá de la confrontación natural en toda democracia.
No obstante, la oposición ha señalado, con razón, que cualquier frente común debe partir de un diálogo previo, un diagnóstico compartido y la determinación de una política derivada de un amplio consenso. Es decir, no se trata de adherirse a una posición previamente decidida, sino de una verdadera construcción colectiva.
• El ocurrente
De ahí la necesidad de una verdadera política de Estado para atender el tema de los migrantes. Ésta debería incluir al menos tres frentes. El primero es la violación a los derechos humanos de personas que intentan migrar sin documentos. Según Human Rights Watch, las cifras disponibles dan cuenta de decenas de miles de muertes y un número todavía mayor de desapariciones.
En segundo lugar, están los casos de asesinatos a manos de agentes migratorios u otros. Por último, debe atenderse el entorno de preocupación y miedo que existe en una buena parte de la población hispana y que, según el Pew Research Center, afecta a cerca de la mitad de este colectivo.
En estos tres temas existe, además, la posibilidad de construir alianzas con organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, comunidades religiosas y sectores políticos estadounidenses. La defensa de los migrantes no tiene por qué plantearse exclusivamente como un conflicto entre gobiernos, sino una causa compartida.
Desde luego que la relación con Estados Unidos es extremadamente compleja. Existen múltiples factores e intereses que influyen en una relación bilateral tan compleja como necesaria. Migración, seguridad, comercio, combate a la delincuencia y cooperación fronteriza; formar parte de una agenda en la que cada aspecto puede tener consecuencias en los otros.
Pero precisamente por esa complejidad, México necesita definir una política de Estado que trascienda lo interno. La protección a los connacionales puede convertirse en causa común. Esto no significa unanimidad ni subordinación, sino acuerdos básicos compartidos por todas las fuerzas.
El Gobierno de México debe aprender a construir consensos. La oposición, a reconocer y a interactuar de buena fe en su construcción. Los connacionales en Estados Unidos lo necesitan.
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