El que, cuentan, ya no halla qué decir o qué hacer o qué inventarse para no alejarse de los reflectores es el senador guinda Gerardo Fernández Noroña, incluso aunque no sea para bien. Apenas hace unos días su nombre volvía a despertar polémica cuando se le ocurrió desafiar al Tribunal Electoral de Michoacán, que lo sancionó por violencia política de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Ahora salió con su propuesta de ampliar la duración de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado a todo el periodo legislativo o, al menos, a dos años. El planteamiento de Noroña, nos explican, llega precisamente cuando la Cámara alta se prepara para renovar ese cargo que, hay que recordar, él ocupó y que pretende volver a ocupar, pues el legislador ha dejado ver sus intenciones de sostener una vez más la campanita del pleno. Según el morenista, al que ya hasta algunos de sus compañeros de partido le han pedido que relaje sus aspiraciones, un año al frente de las y los senadores resulta insuficiente por la carga y la gran complejidad del cargo. ¿Cómo lo ve?
Está en la mira
Donde las cosas se pueden poner peliagudas es en el litigio judicial abierto contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado del mayor caso de huachicol fiscal en el que están involucrados exaltos mandos de la Marina. Y es que resulta que a través de su defensa, Farías ha hecho la petición de que se le autorice interrogar nada menos que a Rafael Ojeda —es decir, a su tío—, quien fuera secretario de la Marina de Andrés Manuel López Obrador. Es sabido que este último ha estado al margen del caso en lo jurídico y sobre todo en lo mediático. Sin embargo, Farías, actualmente preso en el Penal del Altiplano, según se ha informado, argumentó que interrogar a Ojeda permitiría “contrastar versiones, delimitar responsabilidades, descartar afirmaciones infundadas, esclarecer la actuación de las autoridades y obtener información potencialmente relevante tanto de cargo como de descargo”. En el caso, nos comentan, como que poco a poco se ha ido arrimando fuego al almirante. Pendientes.
• Aclaración de la SCJN en el juicio contra Samuel
Nos señalan que el asunto en la Suprema Corte alrededor del juicio político que inició el Congreso de Nuevo León contra el gobernador Samuel García sigue siendo una situación confusa, pues, después de que en Palacio Nacional se exhortó a la ministra María Estela Ríos a que explicara por qué frenó ese proceso, ahora aseguró que la suspensión que ella concedió no detiene el juicio político y sólo impide que se ejecute una eventual sanción mientras el máximo tribunal resuelve el fondo de la controversia constitucional. “Se aclara que la suspensión concedida no paraliza el procedimiento de juicio político correspondiente”, detalló Ríos en un pronunciamiento en el que, en resumidas cuentas, aclaró que lo único que hizo fue evitar que Samuel fuera separado del cargo, para no afectar la continuidad del Poder Ejecutivo estatal y ocasionar un daño de difícil reparación. Nos advierten que estas aclaraciones no dejan del todo satisfechos a los legisladores locales, que aun entienden que la regla es que si un gobernador está sujeto a un proceso de juicio político, debería estar fuera del cargo. Atentos.
Y ha levantado también algo de polvo, nos dicen, el destape del activista Julián LeBarón, quien ayer anunció su intención de buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, bajo las siglas del nuevo partido Somos México, también ligado a la famosa Marea Rosa y al experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Nos señalan que ésta es la primera gran apuesta de esa organización que hace apenas un par de días estrenó un asiento en el consejo general del INE. Y aunque nos dicen que aún es muy temprano para ver a LeBarón como una pieza fuerte en el juego electoral para ese estado, nos advierten que Julián, quien es parte de una familia de origen estadounidense con varios intereses en esa entidad —entre ellas las concesiones de agua que han estado en el centro de la polémica reciente— podría incluso ser un abanderado de otras fuerzas de la oposición, como el PRI o el PAN, ya que el partido rosa que hoy abraza ya ha expresado que su propuesta no es necesariamente proponer, sino más bien tratar de aliarse a los partidos opositores más grandes para ver si logra ampliar su presencia y los recursos que de ella emanen. Uf.
• Pasos firmes contra el feminicidio
Nos piden estar atentos a la ruta que ha trazado la Presidenta Claudia Sheinbaum para crear bases sólidas e históricas contra los feminicidios en el país, un cáncer que por muchos años ha matado a miles de mexicanas y que lastimosamente ha normalizado la violencia y el odio por razones de género. El primer paso de la actual administración fue facultar al Congreso para emitir un nuevo marco normativo que castigue a los feminicidas; el segundo, anunciado ayer, es el desglose de esa norma, que será planteada en el próximo periodo ordinario de sesiones como la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Más que palabras impresas en la Constitución, nos señalan, se trata de hacer que todas las fiscalías del país tengan los mismos protocolos para sancionar estos crímenes, que las investigaciones sean efectivas y que los castigos sean ejemplares. La mandataria recordó —para dimensionar la urgencia de aprobar esta ley— que aun cuando su administración ha hecho esfuerzos por reducir los indicadores de feminicidio, muchos de ellos permanecen sin sanción. Ahí el dato.
Llamó la atención, nos dicen, la confianza con la que la organización civil Interacción y Empatía para Todos quiso impugnar la decisión del INE de no permitirle convertirse en partido político con registro nacional. Y es que, nos hacen ver, las cifras son hilarantes, la asociación política que, por cierto, no está ligada a ningún personaje público de relevancia, desafió la determinación del árbitro electoral aun teniendo sólo ocho de las 256 mil afiliaciones que se requieren para aparecer en las boletas, sí, ¡ocho! Pero eso no fue todo, Empatía para Todos tampoco celebró una sola de las 200 asambleas que también se exigen en los términos y condiciones. La pregunta que todo el mundo se hizo fue, entonces, ¿con qué elementos y bajo qué cargos se atrevió esa organización a presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral? Según nos señalan, la agrupación argumentó que el INE nunca le notificó la existencia de requisitos, mucho menos la documentación que le faltaba —¡toda!— para obtener su registro. ¡Qué tal!
La Guelaguetza: el valor de dar y recibir
